Columnistas

Demandamos justicia

La Razón (Edición Impresa) / Lourdes Montero

00:01 / 31 de marzo de 2014

Cuánto vale la vida humana en Bolivia? El alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, acaba de ponerle un precio: 9.000 dólares. Y es un buen precio considerando que se trata de un crimen público, con medios de prensa de por medio y la movilización de toda una comunidad indignada. Así, ¿cuánto puede costar llegar a un arreglo por la muerte de una mujer o una niña que no llega a los medios de comunicación? ¿1.000 dólares? ¿2.000? Es un mercado a la baja por la cantidad de feminicidios impunes que hay en Bolivia.  

Recordemos el caso por el cual se llegó a esta transacción. La primera semana de diciembre del año pasado, los pobladores del municipio de Pocoata declararon a la red Erbol su consternación por la muerte de la enfermera Lucía Chucamani, cuyo cuerpo fue encontrado a un lado de la carretera. El informe forense reveló que la muerte fue resultado de una fractura en la base del cráneo y constató signos de violación previa a su fallecimiento. Los habitantes de esta pequeña comunidad potosina salieron a bloquear en demanda de justicia por el crimen de la enfermera. Días después, un juez del distrito de Colquechaca tomó la decisión de enviar a detención preventiva al Alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, tras encontrar indicios de culpabilidad.

La semana pasada leímos en La Razón que “Teodoro Rueda Vásquez (…) fue liberado tras llegar a un acuerdo transaccional con la madre de la víctima, a la que pagó $us 9.000”. La denuncia proviene del fiscal del caso, Emilton Jara, quien fue sorprendido con la presentación de un “documento privado transaccional” que la familia de la víctima habría firmado en la ciudad de Cochabamba, donde la señora Felisa Plaza (madre de la enfermera) presentó desistimiento de la causa en contra del presunto asesino.

Éste es un caso emblemático de lo que en Bolivia ocurre frente a la violencia de género y el feminicidio. A pesar de que las pruebas contra el atacante eran variadas, se procedió a la intimidación de testigos, uso de influencias políticas, utilización de chicana jurídica y, por último, negociación con la familia para que la impunidad sustituya a la justicia. Como sostiene Teresa Lanza, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, la transacción entre el acusado y la madre de la víctima es “indigno e inaceptable” ya que implica que la vida de Lucía se trate como una mercancía.

¿Acaso la familia de Lucía tiene el derecho de transar para que su crimen quede impune? No queremos ni imaginar la presión y necesidad que pueden llevar a una madre a aceptar que la muerte de su hija quede impune. ¿Es posible que un “acuerdo transaccional” entre privados sustituya el peso de la ley contra un crimen de violación y feminicidio?

Claramente, el pago del soborno por parte del acusado es una confesión de culpabilidad que, en lugar de liberarlo, debería ser utilizado como prueba en su contra. ¿No es acaso función del Estado, en última instancia, la defensa de los derechos de Lucía Chucamani aún después de muerta? No queremos agregar más críticas al sistema judicial que ya se encuentra en profunda crisis, pero demandamos una señal clara de que los derechos de las mujeres son respetados.

Tenemos esperanzas de que este caso sea emblemático en el cumplimiento de la justicia. El fiscal Jara anunció que el Ministerio Publico continuará adelante con el proceso penal contra el alcalde imputado. La representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón, ha comprometido el seguimiento de este caso. La sociedad en su conjunto seguirá las decisiones del juez Emilio Fonseca, de Colquechaca. Por último, esperamos que el MAS, partido en el que milita Teodoro Rueda Vásquez, marque claramente su posición frente a este crimen.

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