Columnistas

Derecho indígena a la consulta previa

El Gobierno sigue pagando la factura jurídica y económica de haber actuado autoritariamente.

La Razón / Xavier Albó

00:00 / 15 de abril de 2012

Hace dos meses (LR 19-II-2012) ya puse mis bemoles a la Consulta “previa pero a posteriori” sobre la carretera por el TIPNIS, dispuesta por la Ley 222 la cual, sin llegar a derogar la anterior Ley 180 que prohíbe tal carretera, apunta sin duda a ello. De manera paralela a esa consulta, demasiado marcada por los intereses en juego y por tantos hechos ya consumados, desde hace meses se viene trabajando en talleres y borradores hacia otra ley más general e indispensable sobre cualquier consulta previa a los pueblos indígenas.

Esta visión más global ha contado toda esta semana con el apoyo de una comisión de alto nivel de las Naciones Unidas, con una especialista danesa, Birgitte Feiring, que en el pasado ya había estado en Bolivia; otra de Canadá, Jay Hartiling, con amplia experiencia en consultas en la provincia (= estado) de Nova Scotia; el español peruano Manuel García, coordinador del Proyecto de la OIT en Lima para hacer seguimiento del cumplimiento del Convenio 169; y el costarricense José Carlos Morales, indígena él mismo y presidente del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Tan calificado equipo ha realizado reuniones en Santa Cruz y La Paz con movimientos sociales indígena originario campesinos, medios de comunicación, legisladores y miembros del Órgano Ejecutivo, además de una conferencia pública más general.

Como ya es sabido, la OIT fue pionera en esta temática, con el Convenio 169, que ya cumplió 23 años. Pero más recientemente, en 2007 llegó la Declaración de las Naciones Unidas y, en diversos países, cambios fundamentales en sus propias constituciones. Bolivia ha sido pionera y líder en ese punto, con su nueva CPE y la incorporación de la Declaración de 2007 en su propia legislación. Pero al nivel operativo, nos queda mucho campo por recorrer, como se nos ha dramatizado con la larga saga, aún no concluida, del TIPNIS. En efecto, el Gobierno, aunque tardíamente, sigue pagando la factura jurídica e incluso económica de haber actuado autoritariamente —“quieran o no quieran, se hará la carretera”— en un tema que afectaba a los pueblos indígenas del lugar.

Los expertos y los documentos a los que he tenido acceso muestran que el TIPNIS no es ni mucho menos el primer caso en que ocurren problemas de ese tipo, por no haber tomado en cuenta ese derecho de los pueblos indígenas (y, por tanto, obligación de los estados) a realizar esta consulta. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso de una gran hidroeléctrica en Costa Rica cuya construcción debió paralizarse después de siete años, por no haber la debida consulta a los ocho pueblos indígenas afectados; de un oleoducto en Canadá, donde se consultó a todos los pueblos afectados menos uno; éste hizo un demanda y la Corte Suprema le reconoció el derecho a una indemnización de $us 32 millones lares; y del bien documentado pleito ganado por el pueblo Saramaka vs. Surinam.

Ojalá haya algo de ese aprendizaje en recientes movidas del Gobierno, que esta semana le han llevado a rescindir su contrato con la OAS para la carretera del TIPNIS. En otra entrega comentaré algunos rasgos más específicos de esas consultas.

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