Columnistas

Desafío judicial

Ciertamente la elección de las principales autoridades judiciales a través del voto fue un ‘error’

La Razón (Edición Impresa) / Angel Guarachi

00:00 / 01 de febrero de 2015

Si tratáramos de mencionar y detallar todos los procesos que se encuentran estancados en los estrados judiciales del país, ciertamente nos faltaría no solo tiempo, sino también espacio, por la gran cantidad de casos que existen.

La falta de recursos humanos, equipos, material, la excesiva carga procesal que tienen jueces y fiscales y la infaltable corrupción son, a mi parecer, los principales factores detrás de la retardación de Justicia que prevalece año tras año, pese a los innumerables intentos por cambiar esta lamentable situación.

¿Qué se hizo al respecto? La elección directa de las principales autoridades judiciales en 2011, a través del voto popular, fue sin duda una de las propuestas más significativas para intentar cambiar la Justicia. Entonces surgió la idea de que la elección directa podría “revolucionar” la Justicia para bien. Sin embargo, en los hechos no fue así, y la situación continuó igual o incluso peor que antes.

Entre los procesos judiciales más llamativos que continúan sin resolver podríamos mencionar a los casos de Terrorismo, Chaparina o la masacre de Porvenir, que llevan años en los tribunales sin que hasta el momento se haya determinado la culpabilidad o inocencia de los principales acusados.

Los cambios estructurales esperados por la población no se han visto hasta ahora. Las mismas autoridades del Estado —como el procurador General, Héctor Arce, o la exministra de Justicia Elizabeth Gutiérrez— afirmaron que la elección fue una “equivocación” y un “error”.

Sin embargo, el reciente anuncio que hizo el presidente Evo Morales el 22 de enero sobre organizar una cumbre con la finalidad de sentar las bases para construir una nueva Justicia en Bolivia ha generado expectativas entre algunos sectores de la población. Tras jurar a un nuevo mandato, el Mandatario recordó que el porcentaje de reclusos con sentencia ejecutoriada apenas llega al 16%, en tanto que los reos que permanecen encerrados de manera preventiva alcanzan al 84%.

A su vez, el vicepresidente Álvaro García adelantó que entre las propuestas para cambiar la administración de Justicia en el país están la modificación del texto constitucional y los procedimientos, la transformación de los ámbitos legal y educativo y “del conjunto de cosas que van a definir esta gran cumbre”.

¿Podrá una cumbre trazar los cambios judiciales que el país espera? ¿Los compromisos escritos podrán ir más allá de las buenas intenciones y convertirse en realidad? El desafío está dado y solo con el tiempo podremos saber si este nuevo intento será un éxito o constituirá un nuevo fracaso.

Es periodista de La Razón.

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