Columnistas

Desconsideración

Si no obedecemos las reglas básicas de urbanidad, no se puede esperar que se respeten leyes

La Razón / Jorge Soruco

04:34 / 08 de enero de 2012

En una de sus tiras cómicas el genial Quino dijo (en boca del personaje de Susanita): “yo amo a la humanidad, lo que no aguanto es la gente”. Esta frase resume lo que muchos sienten al lidiar con quienes ofrecen diversos servicios en el país.

Transportistas que no cumplen con sus rutas, vendedores groseros que maltratan a sus clientes o cajas de bancos y cines que permanecen cerradas pese a la gran cantidad de gente son algunas de las molestias diarias entre los bolivianos.

Lo grave es que nos hemos acostumbrado a este maltrato cotidiano, en parte porque no tenemos alternativas ni nadie que defienda al consumidor.

Hasta que el Gobierno Municipal de La Paz inicie su programa de transporte urbano en julio, no nos queda otra que conformarnos con minibuses, trufis y taxis que, de forma tiránica, deciden las rutas, aumentan tarifas arbitrariamente y, de paso, riñen al pobre desafortunado que intenta pagar con un billete de Bs 10.

Al formar parte de una sociedad de consumo dependemos de quienes nos proveen servicios. Y ellos lo saben. Es por eso que aún domina el horario de oficina en la mayoría de las instituciones, obligando a los empleados a realizar malabares para conseguir permiso o salir un momento a pagar la luz o comprar algo.

En empresas o instituciones abiertas al mediodía o en la noche, la atención suele ser deficiente. Los bancos apenas habilitan poco más de la mitad de sus cajas.

Los cines multisalas tienen, con suerte, dos personas vendiendo las entradas.

No es de extrañar que el resultado sea un ciudadano que deja de lado las normas básicas de urbanidad. La pelea por conseguir un espacio en un vehículo, un puesto en una fila o negociar un precio hace que atropellemos a los demás.

No es de extrañar que bloqueos, loteamientos y otros ataques a los derechos de los otros sean comunes. Si los ciudadanos no pueden obedecer simples reglas de convivencia, menos respetarán otras leyes más complejas.

De esta forma nos vemos envueltos en una espiral descendente en la cual los derechos de los demás no valen nada mientras podamos satisfacer nuestras necesidades. Al mismo tiempo, los proveedores actúan impunemente e imponen sus criterios, que van desde no informar de cambios en la cartelera de un cine, hasta la tortura burocrática.

Sin embargo, con la nueva gestión escolar surge, nuevamente, la esperanza de un cambio liderado por los niños y adolescentes quienes, esperemos, comprendan que sus derechos terminan donde comienzan los del resto de la humanidad.

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