Columnistas

Enmarañada administración de la Justicia

La Justicia debe estar al alcance de cualquier ciudadano, y no darse por la vía de la excepción

La Razón / Fierro Rodrigo Cardona Maldonado

00:11 / 06 de diciembre de 2012

Ni mujer chilena, ni amigo peruano, ni Justicia boliviana”, es un aserto que peca de excesivo y caricaturesco. Sin embargo, encuentra mucha acogida en el sentimiento popular, al menos en lo que a la administración de Justicia en el país se refiere. Por ejemplo, el caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher —detenido por más de 18 meses en la cárcel de Palmasola, sin motivo legal válido (según se infiere por lo que publica la prensa), cuyo patrimonio fue confiscado y al parecer ha sido extorsionado por funcionarios públicos llamados a seguir y respetar un debido proceso— si bien llama la atención, no provoca mayor escándalo en un público que mal convive con una pésima administración de Justicia, desde la creación misma de ese órgano estatal.

En efecto, el sistema judicial, el Ministerio Público, el Régimen Penitenciario, así como los investigadores y demás instancias subalternas se han constituido en una suerte de monstruosa criatura que a semejanza de un emperador romano satisfecho, obeso y concupiscente,  extiende el brazo para subir o bajar el dedo gordo de su puño en señal de indulto o condena para el procesado, objeto de su diversión. Se sabe de procesos mañosamente dilatados por años. Son públicas las recientes huelgas de hambre en los centros de detención femeninos que por hacinamiento, exigiendo que ya no sean admitidas más reclusas (habrá jueces que encontrarán válida esta excusa para no detener a avezadas delincuentes). Es conocido también que investigadores asignados u oficiales de diligencia dejan de notificar debido al gran número de casos que tienen que atender, paralizando el correspondiente proceso judicial hasta que expiran los plazos instituidos (o se abandonen los casos por cansancio e impotencia de las víctimas).

Asimismo, se sabe que pululan abogados de “puertas de celda” que andan a la pesca de los casos más “calientes” para, muy pragmáticamente y sin mayor escrúpulo, proponer a los imputados repartirse el botín a cambio de conseguir  su libertad. Por otra parte, parece evidente la existencia de “consorcios” de contubernio entre abogados y autoridades públicas, para —mediante chicanerías, artilugios, colusiones y sobornos— crear la mayor distancia posible entre la “verdad material” (que busca la verdad histórica sustentada en pruebas y evidencias) y la “verdad procesal” (que es la realidad deformada que consta en los expedientes y obstaculiza los procesos).

Es en este contexto que encuentra mucho sentido el reclamo que hizo el presidente Morales de identificar a estos abogados y/o consorcios que defienden a delincuentes, beneficiándose de las debilidades especialmente procedimentales del derecho constitucional a la legítima defensa.

El paradigma de la búsqueda de la Justicia debe ser que ésta se encuentre al alcance de cualquier ciudadano, y no darse por la vía de la excepción, como en el caso de Santos Ramírez o el de Jacob Ostreicher, que aunque son casos dignos de destacarse, son socialmente insuficientes, ya que se trata de decenas de miles de casos que claman al cielo por un fallo justo y oportuno.

Con miras al desarrollo social, en la construcción del Estado Plurinacional, resulta indispensable sacar a la administración de Justicia de su laberinto histórico.

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