Columnistas

Europa debe proteger a Snowden

Los países de la UE le deben a Edward Snowden sus revelaciones, claramente de interés público

La Razón / Julian Assange / Christophe Deloire

00:02 / 06 de julio de 2013

El 12 de octubre de 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por “su contribución a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa”. Así, Europa debe estar a la altura y demostrar su voluntad de defender la libertad de información, cualesquiera que sean los temores a las presiones políticas de su mejor aliado, Estados Unidos.

Ahora que Edward Snowden, el joven estadounidense que reveló la existencia del programa de vigilancia mundial PRISM, pidió asilo a una veintena de países, los Estados de la Unión Europea, principalmente Francia y Alemania, deben darle la mejor acogida, bajo cualquier estatus. Pues si Estados Unidos sigue siendo uno de los países del mundo que ponen en lo más alto el ideal de la libertad de expresión, la actitud que adopta respecto a los “informantes” mancilla claramente la Primera Enmienda de su Constitución.

Desde 2004 el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión hacían un llamamiento conjunto a los gobiernos para proteger a los “denunciantes” (whistleblowers) frente a “sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de ‘buena fe’”.

En aquella oportunidad se definió a los denunciantes como “aquellos individuos que dan a conocer información confidencial o secreta, a pesar de que tienen la obligación oficial, o de otra índole, de mantener la confidencialidad o el secreto”. En 2010 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sostuvo: “La definición de revelaciones protegidas debe incluir todas las advertencias de buena fe contra diversos tipos de actos ilícitos”. La Resolución 1729 pedía que las leyes cubrieran “a los denunciantes de los sectores público y privado, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y los servicios de Inteligencia”.

Con excepción de los aficionados a la caza del hombre que lo acusan de ser un traidor a la patria y de los sofistas que enredan el debate en argucias jurídicas, ¿quién puede cuestionar seriamente la calidad de denunciante de Edward Snowden? El exinformático permitió que la prensa internacional —The Washington Post, The Guardian y Spiegel— diera a conocer un programa de vigilancia de decenas de millones de ciudadanos, especialmente europeos. Blanco de un dispositivo que atenta a la vez contra su soberanía y sus principios, los países de la Unión Europea le deben a Snowden sus revelaciones, claramente de interés público. El joven no puede ser abandonado en una zona internacional del aeropuerto de Moscú, sin que esto signifique para los países europeos un abandono de sus principios y de una parte de la razón de ser de la Unión Europea. Sería inconsecuente poner el grito en el cielo a niveles diplomáticos y abandonar al autor de estas revelaciones.

Más allá de la necesaria protección de los denunciantes, la protección de la vida privada corresponde claramente al interés público, en especial tratándose de la libertad de información. En un informe del 3 de junio, Frank LaRue, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, consideraba que “la protección de la vida privada es un corolario necesario para la libertad de expresión y de opinión”. El carácter confidencial de los intercambios entre los periodistas y sus fuentes es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de información. Cuando las fuentes de los periodistas se ven afectadas (como sucedió con las de la agencia Associated Press), cuando Estados Unidos abusa de la ley de espionaje (Espionage act) —desde su adopción, que data de 1917, la ley se ha empleado en nueve ocasiones contra “informantes”, seis de ellas bajo el mandato de Barack Obama—, cuando WikiLeaks es amordazado por un bloqueo financiero, cuando los colaboradores y amigos de Julian Assange no pueden franquear la frontera estadounidense sin sufrir un registro integral, cuando el fundador y los colaboradores de ese sitio web corren el riesgo de afrontar procesos legales en territorio estadounidense, no es sólo la democracia estadounidense lo que está en peligro, es el ejemplo democrático de Thomas Jefferson y Benjamin Franklin lo que pierde su esencia.

¿En nombre de qué Estados Unidos estaría exonerado de respetar los principios que exige se apliquen en otros países? En enero de 2010, en un discurso histórico, la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo de la libertad de expresión en línea una piedra angular de la diplomacia estadounidense. Una posición reafirmada en febrero de 2011: la misma Hillary Clinton recordaba entonces que sobre la cuestión de la libertad en internet se ponía del lado de la apertura. Bellas palabras, tan alentadoras para los resistentes en Teherán, Pekín, La Habana, Asmara, Asjabad, Moscú y tantas otras capitales. Pero, ¿cómo ocultar la decepción cuando la skyline de los rascacielos de la vigilancia estadounidense parece competir con la Gran Muralla tecnológica de China o la internet nacional del régimen del mulá? El mensaje de democracia y promoción de los derechos humanos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado han perdido mucho crédito. Signo del pánico general, el sitio web de Amazon registró en Estados Unidos un aumento de 6.000% de las ventas del best seller de George Orwell 1984.

Big Brother (el Gran Hermano) nos observa desde las afueras, en Washington. Las instituciones que garantizan la democracia estadounidense deben ejercer su papel de contrapoder frente al Ejecutivo y sus abusos. El sistema de controles y contrapesos no es sólo un eslogan para los fervientes lectores de Tocqueville y Montesquieu. Los miembros del Congreso deben encausar lo más rápido posible los terribles desvíos securitarios de la Patriot act reconociendo la legitimidad de esos hombres y mujeres que hacen sonar la alarma. La Whistleblower Protection Act (ley de protección de los denunciantes) debe ser enmendada y ampliada para garantizar una protección eficaz de los denunciantes que actúan bajo un legítimo interés público, que no tiene nada que ver con los intereses nacionales inmediatos interpretados por los servicios de Inteligencia.

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