Columnistas

Extinción de derechos

La delincuencia no se combate ni sanciona de cualquier forma, sino respetando derechos y garantías

00:01 / 27 de noviembre de 2012

A propósito de la pretendida Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado (en estos días hábilmente remitida en consulta ante el constitucional), es cierto que, de un tiempo a esta parte, el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la legitimación de ganancias ilícitas constituyen, entre otros, los peores delitos; y no es menos cierto que esos crímenes y sus ganancias mal habidas deben ser combatidos y sancionados con el mayor rigor de la ley.

Al respecto, el artículo 15-III de la Constitución Política del Estado (en adelante todos los artículos son de la CPE) dice que es función del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, combatir y sancionar la delincuencia y así brindar seguridad, tanto en el ámbito público como privado. Esta potestad del Estado, en el ámbito del Derecho Penal, se conoce como el ius puniendi estatal.

El ejercicio monopólico de dicha potestad, sin embargo, no es discrecional ni es un cheque en blanco. Esto quiere decir que la delincuencia no se combate ni se sanciona de cualquier forma ni a cualquier costo, sino respetando derechos y garantías.

Debe ser así por un elemental principio de sentido común: la irracionalidad delictiva no se puede combatir con la misma irracionalidad, puesto que una sociedad civilizada e institucionalizada no combate el delito con el delito.

De ahí que, por ejemplo, sólo habrá delito allí donde hay ley (Art. 14-IV) y sólo habrá proceso allí donde hay delito. Donde no hay delito, no puede haber proceso; y sin proceso, nunca podrá haber sanción (Art. 117). Constituye sanción toda forma de restricción o extinción de los derechos, sean personales o patrimoniales. Por otra parte, por principio de presunción de inocencia (Art. 116) sólo habrá sanción donde hay sentencia,  y sólo habrá sentencia don hubo proceso previo y, además, tramitado por autoridad judicial competente. De no ser así, ninguna sanción que suponga restricción o extinción de los derechos será legal y mucho menos legítima.

Por ello mismo, en un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, comunitario (Art. 1), no se puede pretender, a título de combatir la delincuencia, desconocer y vilipendiar derechos y garantías constitucionales. No se pude pretender extinguir derechos a título de extinguir la delincuencia. Pues, sencillamente, gobernar no supone extinguir derechos y mucho menos sin control jurisdiccional, sin el debido proceso ni sin sentencia judicial previa (Art. 117-I). La única pretensión democrática y constitucionalmente legítima es aquella que acepta y respeta el dominio —triunfo— de los derechos (Dworkin) por sobre los pretendidos derechos del eventual dominante.

En ese orden de ideas, no está de más recordar que sin derechos no hay Estado, y que en un Estado sin derechos el que se extingue es el gobierno. La razón de ser del Estado y del gobierno es la garantía del respeto y vigencia de los derechos (Art. 14.III). Pues, Estado y gobierno no son un fin en sí mismos; son ante todo instrumentos creados y consentidos por el pueblo para la salvaguarda de sus derechos y libertades. De ahí que, en definitiva, Estado y gobierno justifican su existencia en la medida que respeten los derechos del pueblo que los sostiene (Art. 9.4). Caso contrario, dicha existencia ni se justifica ni merece respeto alguno.

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