Columnistas

Financiamiento a los partidos políticos

Se acordó financiar a los partidos para acabar con su dependencia del financiamiento privado

La Razón / Carlos Ernesto Ichuta Nina

00:01 / 29 de marzo de 2013

En 2008, mediante decreto 3925, el Gobierno eliminó el financiamiento público a los partidos. Aunque esta determinación parecía “aceptable” en un escenario de desconfianza hacia las instituciones representativas y de crisis de los partidos tradicionales, el Gobierno sorteó con esa medida la presión de los “discapacitados”, quienes habían llegado a convertirse, desde 2005, en otro de sus detractores al demandar un bono de discapacidad que supuestamente el Estado no podía pagar; los Bs 40 millones que éste asignaba a los partidos fueron destinados así a la creación del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad; aunque en el Decreto 1133, de febrero de 2012, el Gobierno dispuso el pago de una renta solidaria al sector, sin que se excedieran los Bs 20 millones.

Sin embargo, dicha decisión contravino compromisos internacionales que el país había contraído en 2001, a través de la firma de la Carta Democrática Interamericana, en la III Cumbre de las Américas, de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicho documento obligaba a los gobiernos a fortalecer la democracia y sus instituciones representativas, ya que los partidos habían quedado sumidos en una profunda crisis por efecto de la infiltración de intereses privados, que los hacían representativos de grupos extremadamente pequeños. La cumbre reconoció así que los partidos necesitaban fondos para cumplir sus funciones y que acceder al poder suponía un alto costo económico, por lo que los gobiernos acordaron financiarlos para acabar con su dependencia del financiamiento privado. Y para darle seguimiento a este acuerdo, la OEA encargó la realización de tres informes que se publicaron en 2004 (De las normas a las buenas prácticas) y en 2011 (Financiamiento de los partidos políticos en América Latina y Política, dinero y poder).

En ellos se afirma que el dinero, el poder y la política constituyen un triángulo que determina el funcionamiento de la democracia; pues, en un contexto de inestabilidad política y gran desigualdad, los grupos con poder económico buscan proteger sus intereses financiando a los políticos, lo cual les permite además influir en el diseño de programas, la selección de candidatos, la construcción de agendas y ejercer el lobbying político, dando lugar a  la constitución de poderes fácticos que condicionan la actuación de los representantes. Por tanto, si el dinero es fundamental en la política, el Estado debería supervisarlo y controlarlo a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Pero los informes dan cuenta que los montos de los subsidios públicos no llegan ni siquiera a ser modestos pues, como porcentaje del PIB, en ningún país el costo de las elecciones por habitante supera el 0%, y esto priva de efectividad a los controles del Estado, sobre todo en los países en los cuales el financiamiento público fue eliminado (Bolivia y Venezuela), en donde además se pondrían en juego los principios democráticos. Sería así, porque el financiamiento público nivelaría las oportunidades políticas y las condiciones de competencia.

Financiar sería por tanto lo mismo que generar confianza en las instituciones, y si bien esto no repercutiría en el mejoramiento de la democracia, al menos garantizaría su legitimidad. Incluso el Estado se perfeccionaría al enfrentar nuevos desafíos, como regular a los medios que al absorber gran proporción de las erogaciones tienden a constituirse en poderes fácticos. El financiamiento público constituye, pues, una necesidad, porque otorga al Estado la facultad de controlar a los partidos que en Bolivia no dejan de ser rediles de unos cuántos poderosos frente a organizaciones que aparecen tantos como desaparecen.

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