Columnistas

Frijoles por fusiles

Un amargo sabor recorre las gargantas de la población guatemalteca que quiere justicia.

La Razón (Edición impresa) / Édgar Arandia

00:00 / 21 de abril de 2013

El rostro del general guatemalteco Ríos Montt devela su impasibilidad, su entrecejo duro, sus bigotes entrecanos y recortados minuciosamente alargan la punta de sus labios como pico de buitre. Su carrera política comienza en 1974, postulado por la Democracia Cristiana, con la que salió segundo y recibió como premio consuelo la Embajada de España hasta 1977; pues ya entonces avizoraban su actitud beligerante y era mejor tenerlo lejos. Eso funcionó pocos años, porque en marzo de 1982 dio un golpe de Estado a su colega Ángel Aníbal Guevara, otro general de la atribulada tierra de los mayas.

Durante el año y medio que gobernó Guatemala, sembró de luto y sangre con su grupo paramilitar PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) , persiguió a sus opositores sin tregua e hizo desaparecer a grupos indígenas que apoyaban el retorno de la democracia y los derechos humanos. Fuertemente apoyado por la oligarquía, la prensa de su país y su conversión al cristianismo evangélico (fue pastor de la Iglesia del Verbo), justificaba cada acto cruento. Se inventó una manera de amedrentamiento y coerción llamado “Balas por Fusiles”, para que los insurgentes entregaran sus armas a cambio de un salario y trabajo.

Por supuesto, su plan no funcionó como  esperaba y continuó su sistemática campaña de terror. Durante su funesta gestión se estima que se realizaron más de 300 masacres, 19 mil asesinatos y desapariciones, destrucción de poblaciones indígenas cada semana, la diáspora guatemalteca de aproximadamente 90 mil refugiados y una población desplazada dentro su propio territorio.

El 8 de agosto de 1983 fue derrocado por otro golpe de Estado, en manos de Óscar Mejía, su ministro de Defensa; sin embargo, su sombra continuó influyendo en la vida política. En 1994 fue elegido Presidente del Congreso de Guatemala, se presentó como candidato a la presidencia en 1993, 1995 y 2003, y perdió en las tres versiones. En 2007  ganó un curul en el congreso por un período de cuatro años, con el propósito de evitar su juzgamiento. Muchas personas se preguntan: ¿cómo es posible que ocurriera? Simple, el dictador eliminó a las figuras más sobresalientes de las corrientes que amenazaban la hegemonía conservadora y fascista de Guatemala. No olvidemos la táctica similar de Luis García Meza y Arce Gómez, aprendidas en la Escuela de las Américas.

En 1999, Rigoberta Menchú (premio Nobel de la Paz) intentó el primer juicio por tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra el dictador; pero éste se diluyó pese a tener el respaldo de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y del Centro por la Justicia y la Responsabilidad.

En 2005, ocurrió un acto histórico emitido por el Tribunal Constitucional de España para juzgar inclusive a las víctimas que no tenían la nacionalidad española. Así, en 2006, el juez Santiago Pedraz llegó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y a otros acusados; pero como era de esperarse, el aparato judicial controlado por el acusado lo impidió.

El 14 de enero de 2012 culminó su inmunidad, una vez concluida su gestión congresal; y el 26 fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Durante su comparecencia se negó a testificar, con la esperanza de acogerse a una ley de amnistía. El 19 de marzo, la jueza Carol Flores abrió formalmente el juicio; y curiosamente fue ella quien también ordenó días atrás anular el proceso en su contra, y retrotraer el proceso de 2011.

No sabemos si es conveniente o si existe una manipulación para que el dictador octogenario quede impune, porque el proceso obliga a volver a la fase intermedia y determinar ¡si existen suficientes elementos probatorios para ordenar juicio! Miles de cadáveres aparecen en fosas comunes, cientos de huérfanos deambulan las calles y esa cicatriz feroz todavía requiere ser “probada”. Un amargo sabor recorre las gargantas de la población guatemalteca que quiere justicia; de lo contrario, la impunidad sentará un nefasto antecedente jurídico.

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