Columnistas

Gibraltar: un vestigio colonial

Gibraltar es fruto  de un hecho histórico que afecta a la integridad territorial de España

La Razón / Ángel Vázquez Díaz de Tuesta

01:24 / 21 de septiembre de 2013

Cuando se aborda el problema colonial de Gibraltar hay quienes comienzan por invocar el Tratado de Utrecht de 1713 o la Guerra de Sucesión. Para muchos, estas invocaciones les produce confusión: Utrecht, 1713... qué lejos queda todo eso.

Volvamos al presente: Gibraltar, año 2013, territorio colonial, 6 km2, 28.000 habitantes, enclavado en el sur de España, bajo soberanía del Reino Unido, y que figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Ahora sí se entiende mejor. Nos encontramos ante una anomalía territorial en pleno siglo XXI, que sólo la negociación y el derecho deben resolver con fórmulas del siglo en que vivimos.

La doctrina de las Naciones Unidas sobre Gibraltar es clara y meridiana. La Resolución 2429 de la Asamblea General de la ONU pide al Reino Unido como potencia administradora que ponga término a la situación colonial de Gibraltar, y establece que dicha situación es contraria a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. La misma Asamblea General en su Resolución 2353 establece que toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país, como es el caso de Gibraltar, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

España, como todo país respetuoso de la legalidad internacional, y que fía a la labor de las Naciones Unidas la consecución de un mundo más justo regido por los principios del derecho, se encuentra confiada acerca del buen fundamento de su reclamación sobre Gibraltar. Y desde luego, está siempre dispuesta a acatar los mandatos de las Naciones Unidas, que han establecido de manera taxativa que la situación colonial de Gibraltar debe finalizar por medio de un proceso negociado. El actual Gobierno español, como otros en el pasado, busca retomar con el Reino Unido la negociación bilateral sobre las cuestiones de soberanía. Confía en el reinicio de estos contactos y en los frutos que pueda arrojar una negociación de buena fe entre países aliados en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. Pero al hablar de Gibraltar no tratamos sólo de soberanía, también hablamos de conductas diarias y cotidianas que afectan a la vida de hombres y mujeres. Detengámonos un instante en esas cuestiones.

Hace unas semanas, en el momento álgido del verano mediterráneo, y en las azules aguas de la bahía de Gibraltar, las autoridades de la colonia lanzaban 70 bloques de hormigón armado. Objetivo: hacer imposible el trabajo de los pescadores españoles que faenan en dichas aguas desde hace siglos. España, que no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre dichas aguas, correspondientes al “istmo” de Gibraltar, franja de tierra que une la colonia con el territorio español (nunca cedida por el Tratado de Utrecht), protestó enérgicamente por esta acción insólita. Pero es que además el lanzamiento de bloques constituyó una violación de las más elementales reglas de conservación medioambiental, en unos caladeros que suponían el 25% de la actividad de unos pescadores que ahora han perdido su secular medio de vida.

Si grave fue la acción de arrojar bloques al mar, no lo son menos otras prácticas que han encontrado en el peñón de Gibraltar una acogida preocupante. Qué decir de la nociva actividad del bunkering en las aguas colindantes a Gibraltar (trasvase de petróleo entre buques fondeados en alta mar), que conlleva importantes riesgos medioambientales en materia de vertidos en una de las zonas de mayor tráfico mercante del mundo. La lista de actividades nocivas para España no termina ahí. Son numerosos los diversos tráficos ilícitos desde el territorio gibraltareño. Gibraltar no pertenece al territorio aduanero de la Unión Europea,  y esta circunstancia (no se aplica el régimen común del IVA e impuestos especiales) ha venido favoreciendo el vertiginoso incremento del contrabando, entre otros de tabaco, como demuestra el hecho de que entre 2010 y 2012 las aprehensiones de cajetillas de cigarrillos hayan aumentado en un 213%.

Ello nos lleva a otras de las grandes anomalías que plantea Gibraltar: la existencia de un régimen fiscal caracterizado por su opacidad, especialmente en al ámbito del impuesto de sociedades. Según datos de la hacienda británica, Gibraltar cuenta con 21.770 sociedades registradas, de las cuales sólo un 10% paga impuestos. Dado que la población de Gibraltar es de aproximadamente 28.000 personas, es obvio que gran parte de estas sociedades están constituidas por personas no residentes en Gibraltar que buscan la evasión fiscal a través de la deslocalización de sociedades. España ha denunciado ante la Comisión Europea las anomalías del régimen fiscal societario, con rasgos de paraíso fiscal, lo que preocupa incluso en ámbitos como el del G20 o del G8.

En el ámbito nacional, el Gobierno español también está desarrollando medidas para combatir el fraude fiscal originado en Gibraltar, tanto a través de sociedades “pantalla” gibraltareñas que ocultan la verdadera titularidad de más de 3.000 inmuebles radicados en España, como de los más de 6.700 gibraltareños que mantienen su residencia real (pero no fiscal) en territorio español. Estos ciudadanos se benefician de nuestros servicios sociales e infraestructuras sin haber contribuido a los mismos. Todo ello muestra que el supuesto “modelo económico de baja tributación y libre comercio” gibraltareño es una tapadera para dar cobijo a los que buscan evadir impuestos, violando la ley. Estos incumplimientos son suficientemente ilustrativos aunque no son los únicos.

España considera al Reino Unido un país amigo y aliado. Pero en toda amistad es necesario cultivar la confianza y gestionar los conflictos con respeto a la legalidad internacional, europea y nacional. España apoya su posición en la doctrina de Naciones Unidas: Gibraltar es un territorio no autónomo incluido en la lista de territorios dependientes por el propio Reino Unido, y para los cuales las Naciones Unidas prevén un camino claro que ponga fin a su situación de dependencia colonial. Las solas armas de la negociación y la ley son las armas de España. Y mientras tanto seguirá vigilando los tráficos entre Gibraltar y España, ejerciendo controles obligatorios, plenamente adecuados al código de fronteras Schengen (Gibraltar no pertenece al espacio Schengen) y guiados exclusivamente por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación.

Y volvamos al principio: Gibraltar es fruto de un hecho histórico que afecta a la integridad territorial de España. Abordarlo desde la negociación, el diálogo, con visión política de amplio aliento, y al amparo de las resoluciones de Naciones Unidas es la única opción realista. España, hoy como ayer, ofrece su mano tendida.

Es embajador de España en Bolivia.

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