Columnistas

El Gobierno contra el proceso de cambio

El conflicto devela a los diferentes acto-res e intereses que formaban la base social del Gobierno

La Razón / Fernanda Wanderley

00:00 / 05 de febrero de 2012

El conflicto entre el gobierno del MAS, los pueblos indígenas y los cocaleros en relación con la construcción del tramo de la carretera que atravesaría el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el territorio de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán marcó el último hito de quiebre en el proceso que vive Bolivia desde 2006. El amplio respaldo otorgado por la ciudadanía boliviana a la gestión gubernamental en sus primeros años, en la actualidad, parece haberse transferido a la causa de los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera.

Los impactos socioambientales que ocasionarían la carretera y la indiscutible vulneración de los principios constitucionales de la consulta previa, el consentimiento libre y la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio movilizaron a buena parte de la ciudadanía en contra del Ejecutivo. Al final, la gente exige coherencia de parte del Gobierno con los compromisos del proceso de cambio: un nuevo proyecto de de-   sarrollo fundado sobre los principios de sostenibilidad ambiental, defensa de la Madre Tierra y respeto por los derechos de los pueblos indígenas en el marco del “vivir bien”.

El desenlace de este conflicto fue la aprobación de la ley corta que prohibía la construcción de la carretera por medio del parque. Infelizmente ésta fue asumida por el Gobierno como derrota política, como bien expresó uno de los dirigentes indígenas cuando dijo que “el Presidente no lo hizo de corazón”. Pese a esto, la ciudadanía festejó la medida con la seguridad de que este lamentable episodio estaba resuelto. Para sorpresa de todos no fue así.

La posición intransigente del Gobierno en favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio durante el conflicto no ha cambiado, sólo se transformó en una nueva táctica que busca la anulación de la ley corta y la elaboración de una nueva norma sobre el TIPNIS. Esta posición intenta legitimarse con la nueva marcha liderada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) que representa a los habitantes de la zona colonizada del parque Isiboro Sécure, los cuales cuentan con propiedad individual y donde existen cultivos de coca.

La declaración de uno de los principales líderes del Conisur de que él cultiva coca en el parque, las declaraciones de marchistas sobre el pago de honorarios diarios por parte del Gobierno durante la marcha, entre otras insólitas ocurrencias, han generado serias sospechas sobre los reales intereses que defiende la nueva marcha, lo que también explica la apatía de la ciudadanía en relación con esta movilización. Hay muchas denuncias de que el objetivo de la marcha del Conisur es garantizar la expansión de la zona colonizada y los cultivos de coca en el parque, a través de la construcción de la carretera.

El conflicto alrededor del TIPNIS devela los diferentes actores e intereses que formaban la base social del Gobierno y finalmente a quiénes éste realmente representa. Queda evidente que los intereses de los cocaleros y colonizadores se sobreponen a los derechos de los pueblos indígenas y a la defensa del medio ambiente. No menos decepcionante son las artimañas y maniobras políticas del oficialismo, que al final desnudan el carácter arbitrario en el ejercicio del poder.

El TIPNIS está entrando a la historia como el símbolo de las contradicciones del gobierno del MAS, del carácter meramente discursivo del paradigma del vivir bien, de la defensa de la Madre Tierra y de la profundización democrática. Este es el punto de quiebre definitivo de la legitimidad del gobierno del MAS como el impulsor del “proceso de cambio”. La pregunta ahora es ¿Qué fuerza política asumirá la conducción de los ideales genuinos del proceso de cambio?

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