Columnistas

Guatemala, Estado fallido o justicia

Con la CICIG, las Naciones Unidas dieron un salto cualitativo y novedoso en la búsqueda de justicia

La Razón (Edición Impresa) / Santiago Canton

00:00 / 15 de febrero de 2015

El camino de búsqueda de la justicia internacional no ha sido sencillo ni rápido. Posiblemente los asesinatos, torturas y violaciones cometidos por el Caballero de Alsacia, Peter de Hagenbach, contra la población de Breisach en 1474, hayan dado lugar al primer tribunal internacional. Jueces de Alsacia, Alemania, Austria y Suiza, encontraron a Peter responsable de crímenes de guerra y lo degollaron en la plaza principal ante la atenta mirada de los pobladores de Breisach. Luego de ese primer esbozo pasarán muchos siglos hasta que la búsqueda de Justicia vuelva a ser un objetivo de la comunidad internacional.

Ese paso se dio en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la voluntad de los Estados de establecer procedimientos e instituciones para proteger y respetar los derechos de las personas y ponerle fin a siglos de masacres e impunidad. Pero ha sido durante las últimas dos décadas que la noción de una justicia internacional pasó de la idea a la acción, con la creación de varios tribunales internacionales y la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, el brazo de la justicia internacional no es lo suficientemente largo para proteger a las personas que diariamente son víctimas de la violencia. En América Latina, especialmente en Honduras y Guatemala, los índices de violencia e impunidad están entre los mas altos del mundo. El Estado, o está ausente, o no tiene la capacidad material o humana para investigar, o bien es cómplice de las bandas criminales. Como consecuencia, cientos de personas mueren diariamente y los gobiernos no hacen nada, o peor aún, ponen obstáculos en la lucha contra la impunidad.

En 2007, la comunidad internacional dio un nuevo paso en la lucha contra la impunidad mediante la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Un nuevo modelo, con el patrocinio de Naciones Unidas, que busca no solo investigar el crimen organizado y los cuerpos ilegales armados, sino también crear capacitación dentro del país. Desde su creación la CICIG ha logrado un récord extraordinario. La larga lista de éxitos incluye haber acusado a varios líderes de bandas criminales; a más de 160 funcionarios gubernamentales, incluyendo a un presidente y a un ministro; y evitar la caída del presidente Álvaro Colom, al realizar una investigación independiente de la muerte del abogado Rodrigo Rosemberg, quien había anunciado en un video que si aparecía muerto el responsable de su muerte era el Presidente. Asimismo, la CICIG fue crucial en varias reformas institucionales para fortalecer el sistema de justicia.

Sin embargo, el presidente Otto Pérez Molina ha dado a entender que no renovará el mandato de la CICIG, o que si lo renueva será con funciones recortadas. No nos debería sorprender esa decisión, ya que a diferencia de la CICIG, la lista de logros del Presidente en la búsqueda de justicia es un poco menos meritoria. Como militar, hizo toda su carrera en el área de inteligencia. En los peores momentos del genocidio, en el que se destruyeron más de 600 aldeas y a las mujeres indígenas se las violaba, y a las embarazadas se las asesinaba cortándole el vientre para aterrorizar a la población, Otto Pérez Molina era el jefe de inteligencia en la región Ixil, uno de los epicentros del genocidio. Como Presidente su récord no mejoró mucho, el peor genocida de América Latina, Ríos Montt, logró que se revierta la sentencia que lo encontró culpable, y no le renovó el mandato a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien por primera vez le dio seriedad y profesionalismo a la Fiscalía y logró la condena de Ríos Montt.

Con la CICIG, las Naciones Unidas dieron un salto cualitativo y novedoso en la búsqueda de Justicia. El ejemplo de la CICIG sirve para otros países de la región, por ejemplo Honduras, donde la línea entre el crimen organizado y el Estado es imperceptible. Las Naciones Unidas deben exigir una renovación inmediata del mandato sin modificar sus funciones.

Es director ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown.

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