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Ingobernabilidad, ¿falta de confianza?

La armonía entre preservación del contrato social y gobernanza depende de la confianza

La Razón (Edición Impresa) / Marcelo Laura G.

02:42 / 05 de mayo de 2014

Allá por 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes publicaba el Leviatán, una de sus obras más importantes, en la que exponía una proposición teórica del contrato social, mediante la cual los individuos renunciaban a parte de su libertad y daban nacimiento al Estado, cuyo objetivo sería regentar temas públicos y obtener ventajas comunes a partir de la suma de voluntades individuales.

Lamentablemente, esta visión idealizada de lo que es el Estado y su relación con la sociedad dista mucho de ser perfecta. Pues, por una parte, el Estado puede no representar fielmente los intereses colectivos y, por otra, la sociedad puede estar tan fragmentada en distintos grupos, que buscan beneficios particulares motivados por su capacidad de persuasión.

Un claro ejemplo de ello puede observarse en la reciente confrontación entre los cooperativistas mineros y el Estado, con la presencia de fallas de gobernanza tanto en los actores involucrados en la toma de decisiones como en las estructuras diseñadas para la implementación de estas decisiones.

En primer lugar se encuentra la deficiente “participación” a la hora de diseñar la norma que regulará la actividad minera en el país durante los próximos años. Considerar que una ley minera solo debe ser evaluada por el sector minero no toma en cuenta la existencia de efectos colaterales en otros sectores como son los regantes.

En segundo lugar puede cuestionarse la falta de transparencia. Además de la falta de un espacio de revisión para los sectores que pueden verse afectados con la implementación de la Ley de Minería antes de ser presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley vulnera varias de las leyes y normas establecidas en el país.

Por último, huelga señalar la irresponsabilidad de los promotores de esta ley. El proyecto debería haber sido diseñado pensando en el bienestar de los diferentes estratos sociales involucrados directa o indirectamente en las actividades mineras, y no en favor exclusivo del sector cooperativista.

A estos errores también se podrían añadir aspectos de equidad, legalidad, eficiencia y eficacia. Sin embargo, el punto neurálgico es que cada uno de los traspiés antes señalados podrían haber sido fácilmente superados. ¿Pero, por qué sucedió todo lo contrario?

Antes de abordar esta pregunta cabe recordar que la armonía entre preservación del contrato social y gobernanza depende en última instancia de la confianza: confiar en que todas las partes en juego sobreponen el interés colectivo sobre el individual, así como también confiar en que las autoridades designadas por el Ejecutivo (ministros, asesores, etc.) van a garantizar los principios de gobernabilidad; y a través de ella, la voluntad del soberano.

Lamentablemente ocurrió todo lo contrario. El sector cooperativista no solo demostró una gran capacidad de persuasión, sino que además pareciera haber capturado al ministerio rector de minería para su propio beneficio; y con ello se estaría atribuyendo el poder de manipular la política minera estatal en su favor, atentando de esta manera contra el contrato social vigente en el país.

Por fortuna, estamentos públicos y privados identificaron esta falencia, y las sanciones correspondientes están siendo realizadas. Sin embargo, el costo es alto, la reforma minera puede postergarse nuevamente, y con ella, las aspiraciones de transformación del sector que otrora fue el motor de la economía nacional.

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