Columnistas

Intervención estatal alternativa

Con sus compras el Estado puede estimular la economía con más eficiencia que produciendo bienes

La Razón (Edición Impresa) / Roberto Laserna

00:01 / 16 de septiembre de 2014

Las empresas públicas son instrumentos de una política que propone el liderazgo estatal en el desarrollo. Pero la acción del Estado sería más eficiente como comprador, no como inversionista y productor.  Las empresas estatales priorizan objetivos de empleo, activación de economías locales, ampliación de capacidades productivas o redistribución de ingresos. Pero menospreciar las utilidades suele conducir a que arriesguen los objetivos explícitos o, aún peor, que generen pérdidas que afecten otras políticas públicas y provoquen más problemas de los que resuelven. Por eso, esas empresas deberían cuando menos funcionar sin pérdidas.

Un estudio de la Fundación Pazos Kanki recogió información de 23 empresas públicas. Las extractivas, como YPFB y Comibol, que captan rentas de recursos naturales, logran utilidades. También empresas con posición oligopólica, como ENDE y BoA. Pero las que operan en el ámbito manufacturero generan pérdidas o tienen ganancias que desaparecerían si no contaran con el financiamiento concesional del Estado o si no tuvieran el mercado cautivo de otras entidades públicas.

El desempeño de las empresas mejoraría con nuevas normas: separar el ámbito de la política y el de la gestión, participar en bolsas de valores para garantizar transparencia y defender los derechos de los accionistas minoritarios. Cierto, pero no es fácil aplicar leyes en el país. En La Trampa del Rentismo mostramos que la debilidad institucional se acentúa por los conflictos y disputas que provoca la abundancia de recursos. El rentismo se contagia hacia la sociedad y la lucha por capturar una parte de esas rentas debilita más a las instituciones y evita que se cumplan las normas.

Quienes respaldan el estatismo productivo insisten en que las empresas públicas no sean evaluadas por sus utilidades, sino por sus efectos en la provisión de ingresos y en la creación de empleo. En ese caso deberían compararse con otros mecanismos de distribución de ingresos, más directos y eficaces, como los bonos.

Si lo que pretende el Estado es aprovechar un recurso, dinamizar una zona, o satisfacer una necesidad, puede lograrlo más rápida y eficazmente. En vez de producir, puede establecer un sistema de compras y adquisiciones que garantice la competencia entre proveedores y premie a los que ofrezcan los mejores medios para satisfacer una necesidad, tanto en calidad como en precio. Como bien sabemos, las necesidades son finitas pero las maneras de satisfacerlas son infinitas. Por ejemplo, la nutrición de los niños puede mejorar con leche escolar y galletas, pero también con una tablilla de tarwi y quinua y un jugo de fruta. Si se licitara la nutrición, y  no un desayuno escolar específico, sabríamos si hay mejores alternativas. El Estado mediante sus compras puede estimular la economía y crear empleos con más eficiencia que produciendo bienes, premiando además la innovación y distribuyendo mejor los recursos.

Por supuesto, hay el riesgo de que las compras beneficien a los favoritos políticos o a los amigos de los burócratas. Pero esto es más fácil de corregir que en el caso de las empresas, que también benefician a los favoritos y tienen errores más costosos y prolongados. Si en una compra no se logran los resultados esperados o se detectan fallas de corrupción, se suspende el ciclo y se abre un nuevo concurso. Como hay control por resultados, es fácil, rápido y barato corregir los problemas.

En las condiciones nacionales la intervención estatal sería más eficaz si la realizaran a través de un sistema transparente, abierto y competitivo de compras y adquisiciones.

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