Columnistas

Islas del Mar Meridional de China y soberanía

La soberanía de China sobre aquellas islas se basa en fundamentos históricos y legales.

La Razón (Edición Impresa) / Wu Yuanshan

01:07 / 14 de septiembre de 2016

El 12 de julio, un tribunal temporal establecido en La Haya falló sobre un arbitraje entablado unilateralmente por Filipinas relativo a la soberanía de las islas del Mar Meridional de China, señalando que China “no tiene derechos históricos” sobre ese territorio. Sin embargo, ese fallo es nulo y no tiene efecto legal, pues contradice el ordenamiento jurídico internacional y la historia. La soberanía de nuestro país en las islas del Mar Meridional de China y sus derechos e intereses cuentan con una sólida base histórica y legal. Los laudos del mencionado arbitraje no tienen efecto vinculante ni tampoco influirán en la determinación de China de defender su soberanía territorial y sus derechos marítimos.

En primer lugar, el archipiélago Nansha es territorio inherente de China. Nuestro pueblo inició sus actividades en el Mar Meridional de China hace más de 2.000 años. Fuimos el primer país en descubrir, nombrar, explorar y explotar las islas de ese territorio marítimo y sus aguas adyacentes; y también fuimos los primeros en ejercer soberanía y jurisdicción continua en esta área. La soberanía de China sobre aquellas islas y sus derechos e intereses pertinentes han sido establecidos a través de un largo proceso y disponen de fundamentos históricos y jurisprudenciales plenos. Durante la Segunda Guerra Mundial las islas del Mar Meridional de China fueron invadidas y ocupadas ilegalmente por Japón. En diciembre de 1943, China, Estados Unidos y el Reino Unido demandaron solemnemente en la Declaración de El Cairo que Japón devuelva a nuestra nación todo el territorio que le había robado. En julio de 1945, los tres países publicaron juntos la Declaración de Potsdam, estableciendo con claridad en el artículo 8 el cumplimiento de “todas las exigencias establecidas en la Declaración de El Cairo”. En 1946, después de que Japón anunciara su aceptación de la Declaración de Potsdam y su rendición incondicional, el Gobierno chino envió funcionarios militares y civiles de altos rangos, acompañados por Estados Unidos, a reivindicar la soberanía de los archipiélagos Dongsha, Xisha y Nansha. Además, volvió a erigir monumentos de soberanía en las principales islas y envió a tropas a estacionarse en aquellas zonas. Estas acciones se desarrollaron conforme a la norma de ocupación internacional. Sin embargo, desde los años 70, Filipinas, Vietnam y otros países invadieron y ocuparon ilegalmente 42 islas y arrecifes del archipiélago Nansha de China, creando una disputa territorial con nuestra nación en lo referente a estas islas y arrecifes.

En segundo lugar, el mencionado Tribunal de Arbitraje no tiene jurisdicción sobre el conflicto territorial del Mar Meridional de China. El núcleo de las disputas reside en cuestiones derivadas de la invasión y ocupación ilegales de algunas islas y arrecifes del archipiélago Nansha de China por Filipinas. La cuestión territorial no está contemplada en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo (UNCLOS), norma a la que se remitió Filipinas para presentar su demanda.

Sobre la disputa de la delimitación marítima, el Gobierno chino hizo la declaración de excepciones opcionales en 2006, conforme al artículo 298 de la señalada Convención, excluyendo así la querella del procedimiento de solución de disputas de esa norma. El tribunal de arbitraje, haciendo caso omiso de que China y Filipinas habían decidido resolver la disputa mediante negociaciones bilaterales, así como la declaración de excepciones opcionales conforme al Art. 298 de la Convención, admitió y juzgó el arbitraje iniciado unilateralmente por Filipinas. Obviamente eso está fuera de su jurisdicción, y su laudo no tiene efecto legal.

El fallo dictado por la Corte de Arbitraje tiene errores evidentes. Ese tribunal negó y privó deliberadamente la soberanía territorial y los derechos e intereses de nuestro país en el Mar Meridional de China. Particularmente calificó a la isla Taiping, la más grande del archipiélago Nansha (con 500.000 metros cuadrados de superficie), como un arrecife sin derechos marítimos. Si dicho fallo fuese legítimo, el mapa marítimo mundial tendría que ser totalmente alterado. Además, el Tribunal de Arbitraje no tiene ninguna relación con el máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, y solamente usa el salón de la Corte Permanente de Arbitraje cuando se hace el juicio. El salario de los jueces de la CIJ y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar son pagados por las Naciones Unidas, y cuya labor consiste en garantizar la independencia y la justicia. Por el contrario, los cinco jueces del Tribunal de Arbitraje ofrecieron servicios de pago, cobrando por el juicio a Filipinas. Al mismo tiempo, bajo la instigación de Estados Unidos y la intriga de Japón, el japonés Shunji Yanai asumió la presidencia de ese tribunal. Y cuatro de los cinco jueces de esa “corte” fueron designados por él; mientras que el quinto juez (Wolfrum) fue designado por Filipinas. Por eso, la llamada justicia de ese “tribunal” no tiene validez.

En tercer lugar, en reiteradas oportunidades China ha manifestado su predisposición de resolver disputas a través de negociaciones y consultas. De hecho, nuestra nación se ha dedicado a solucionar los conflictos territoriales en curso con los países directamente implicados a través de negociaciones directas, sobre la base del respeto de los hechos históricos, en concordancia con el derecho internacional y convenciones regionales. Desde los años 60, China ha resuelto disputas fronterizas con 12 de sus 14 vecinos continentales, y el 90% de las fronteras terrestres de China han sido delimitadas y demarcadas, con una distancia total de 20.000 kilómetros. Además, China y Vietnam han trazado, mediante negociaciones, los límites entre sus mares territoriales. Esto es una muestra de que China aplica la política diplomática de la buena vecindad y amistad, y actúa y defiende el derecho internacional.

El arbitraje sobre la soberanía de las islas en el Mar Meridional de China obviamente va en contra del espíritu del imperio de la ley en el derecho internacional. En resumen, ese arbitraje tiene tres puntos espurios: primero, el inicio del arbitraje no es legítimo; segundo, el establecimiento del tribunal de arbitraje carece de legalidad; tercero, los laudos en este caso también carecen de legalidad. Estos laudos, inválidos, ilegales e injustos, ningún país aceptará. China tampoco acepta ni reconoce la sentencia. Nuestra posición tiene justificación absoluta. China quiere trabajar junto a los demás países comprometidos en defender la justicia internacional y mantener la paz y la estabilidad en la región en disputa, haciendo del Mar Meridional de China un mar de paz, cooperación y prosperidad.

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