Columnistas

Juicio por el hundimiento del Prestige

La Razón / Walker San Miguel Rodríguez

02:26 / 02 de noviembre de 2012

Diez años después del peor desastre medioambiental, se inició el 16 de octubre el juicio contra el barco petrolero Prestige y se tiene previsto que en el segundo semestre del próximo año la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se celebra el proceso, emita la sentencia. El 13 de noviembre de 2002, el barco construido en los 70 comenzó a verter fuel oil frente a las costas de Galicia, España, y derramó 77 mil toneladas de fuel, lo que generó una marea tóxica que contaminó a lo largo de toda la costa de Galicia y el Cantábrico y llegó hasta Francia. Días más tarde, el Prestige se hundió.

Sólo cuatro personas figuran como acusadas: el capitán del barco, su jefe de máquinas y el primer oficial, además del entonces director de la Marina Mercante José Luis López-Sors, quienes tienen cargos por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia. También figuran como responsables civiles la aseguradora The London Steam–Ship Owners y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños; y las navieras fabricantes del barco, Mare Shipping Inc. y Universe Maritime Ltd. El monto reclamado por daños civiles llega a $us 1.600 millones, lo que convierte a esta causa judicial en la más alta de la historia de España. El Estado español también figura como demandado por el Ministerio Fiscal por otra suma millonaria.

La opinión pública española fue en su momento muy crítica contra los políticos y funcionarios de alto rango del Gobierno español y del Gobierno gallego que administraron el desastre ecológico. El actual presidente de España, Mariano Rajoy, desempeñaba entonces el cargo de vicepresidente del gobierno de José María Aznar. La crítica apuntaba a una inadecuada reacción ante el desastre por parte del “gabinete de crisis” que Aznar había organizado. El Ministro de Defensa tardó tres semanas en movilizar al Ejército para enfrentar a la marea negra. El director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, fue acusado por grave negligencia al haber tomado la decisión de alejar el barco de la costa y provocar daños a un área mucho mayor. Varios delegados del gobierno de Galicia, entre ellos el consejero presidencial, negaban la gravedad del daño ambiental minimizando el derrame. Cuando se constató la magnitud de la catástrofe, el jefe del Gobierno de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, echó de su cargo a su consejero más directo. El Parlamento de Galicia creó una comisión de investigación que, sin embargo, no arrojó conclusiones.

La sociedad civil se organizó. Grupos de voluntarios ecologistas que sumaban miles trabajaron junto a las FFAA para limpiar las costas y recoger miles de toneladas de fuel derramado en las aguas. Pero los efectos de la contaminación continuaron por años. Los pescadores fueron los más perjudicados y sufrieron grandes pérdidas económicas.

Un colectivo social denominado Nunca Más presentó en 2003 ante el Juzgado de Corcubión (A Coruña) una querella criminal por el hundimiento contra los dueños del buque petrolero y contra las autoridades españolas que decidieron alejar el buque de la costa. Las acciones de Nunca Más no estuvieron exentas de crítica, se les acusó de ser un movimiento político conducido por nacionalistas radicales (200 organizaciones formaban el colectivo) y de haber recaudado sumas de dinero de las que se apropiaron sus dirigentes. Sin embargo, toda España recuerda una gran manifestación, organizada por ese colectivo que reunió a 250 mil personas en Madrid, que exigía al gobierno de Aznar esclarecer lo ocurrido.

El juicio que acaba de iniciarse cuenta estas cifras: intervendrán 70 abogados, 27 procuradores, 140 testigos y 98 peritos. Como ya dijimos, existen sólo cuatro acusados y un solo detenido, el capitán del Prestige. 1.500 perjudicados o víctimas que piden reparaciones económicas y miles de miles de folios que acreditan lo complejo del caso. El Estado español es acusador y acusado; dice haber gastado $us 4.922 millones para contener y limpiar la marea de fuel oil, pero la Fiscalía ha calculado esa cifra en más de 5 mil millones de dólares.

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