Columnistas

Juicio de incapaces

Nunca antes se vio en un juicio de verdad que el fiscal le diga a un juez qué es lo que debe hacer.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

01:07 / 21 de diciembre de 2014

La Asamblea Legislativa inició un juicio de responsabilidades a tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por admitir un recurso inconstitucional que, según el gobierno de Evo Morales, paralizó la aplicación de la Ley del Notariado. La causa se da pese a las limitaciones jurisdiccionales que tienen los senadores oficialistas.

Este proceso es considerado un juicio de incapacidades por las aptitudes en leyes y procesos penales que tienen los miembros del Tribunal de Sentencia, constituido por miembros oficialistas de la Cámara de Senadores. En las cinco primeras audiencias, que se realizaron en el hemiciclo de la Cámara Alta, los periodistas de los diferentes medios de comunicación evidenciaron la flagrante vulneración del debido proceso y de los derechos humanos a Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, por una evidente premura de terminar la causa dictada por el Ejecutivo, aunque ello implique vejar derechos.El presidente del Tribunal, Eugenio Rojas, durante las audiencias que se realizaron se limitó, casi la mayoría de las veces, a decir “no a lugar” y que continué el proceso, lo que era inexplicable tanto para los acusados y sus abogados como para los observadores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.

Una muestra clara de esa vejación de los derechos fue cuando dictaron la rebeldía y orden de aprehensión de Cusi en dos oportunidades, pese a que sabían que estaba internado en el hospital adolecido por una enfermedad crónica, entre ellas tuberculosis, hecho que obligó al magistrado a salir del nosocomio y presentarse en el juicio con oxígeno y suero. Una vez presente declaró por más de dos horas, y producto del esfuerzo se fatigó, entonces sus abogados pidieron la suspensión del proceso, pero Rojas mandó a hacer una evaluación superficial con una médico forense, quien solo le tomó los signos vitales y diagnosticó que podía continuar en el juicio.

En el proceso también se evidenció que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados (instancia que funge como Ministerio Público y que imputó a los magistrados del TCP), Juan Carlos Cejas, incurre en faltas procedimentales, pues en ocasiones es él quien le dice al presidente del Tribunal (el juez) qué hacer o a quién debe dar la palabra. Nunca antes se vio en un juicio de verdad que el fiscal le diga a un juez qué es lo que debe hacer.Esto se volvió un show político para la prensa, ya que los abogados defensores también hicieron gala de cómo hacer chicana en un proceso.

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