Columnistas

Justicia y democracia

La democracia chilena parece demostrar que esa condición política no basta para reparar daños.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Ernesto Ichuta Nina

08:51 / 02 de noviembre de 2015

A pesar de las dificultades prácticas que enfrenta la democracia, los estudiosos que razonan más allá de los procedimientos electorales plantean que esa forma de gobierno constituye una condición de posibilidad para la reparación de las injusticias; por tanto, a la larga la democracia tendería a favorecer a los agraviados, ya que los que claman justicia verían ampliada esa condición de posibilidad con la constitución de una democracia global.

Aunque se cuestione el carácter representativo de la democracia global, su sentido ha venido definiéndose a partir de la creación o fortalecimiento de instituciones internacionales con capacidad de incidencia en la solución de los problemas que competen a los Estados nacionales, debido a la firma de convenios, pactos o tratados por parte de los países que se rigen por la forma democrática de gobierno. Por ello, cuando en las democracias nacionales los gobiernos son incapaces de procesar soluciones para enmendar las injusticias, los actores que se consideran agraviados tienen la facultad de recurrir a esas instancias internacionales para demandar la reparación del daño, aquella posibilidad se concreta cuando los gobiernos son obligados a actuar conforme a los acuerdos.

Sobre esa condición, el 24 de abril de 2013 el Estado Plurinacional de Bolivia demandó a Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que obligue a éste a negociar de buena fe con Bolivia, debido a las constantes dilaciones de los gobiernos chilenos frente al reclamo del país de retornar al mar con soberanía.

Paralelamente, tras el fatídico hecho del 26 de septiembre de 2014, en México, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a los organismos internacionales para demandar justicia denunciando la opacidad del gobierno. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a encontrar la verdad y proveer reparación a las víctimas, encargó la investigación de los hechos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el caso del diferendo entre Chile y Bolivia, la acción no fue directa, el 15 de julio de 2014 Chile presentó una objeción de competencia de la CIJ.

Así, el 6 de septiembre de 2015, el GIEI presentó su informe develando el carácter viciado e incompleto de la investigación oficial, conocida como la “verdad histórica” que concluía que los estudiantes normalistas habían sido entregados a narcotraficantes locales, quienes los asesinaron y calcinaron en un basurero, por sospechar que eran miembros de un cártel contrario.

Distintas verdades históricas se dieron a conocer también en la fase de alegatos ante la CIJ, verdades que además forman parte del fondo del problema entre Chile y Bolivia.No obstante, mientras que el 24 de septiembre la CIJ dio a conocer su rechazo a la objeción preliminar chilena, declarándose competente para dirimir el fondo de la demanda, generando la algarabía de los bolivianos, a dos días de cumplirse un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sus padres acudían al segundo encuentro con el Presidente mexicano no encontrando respuestas a sus demandas, pero logrando, cerca de un mes después, y por la misma intercesión de la CIDH, ‘‘relanzar’’ las investigaciones.

Tales hechos reflejan el estado maltrecho de la democracia mexicana y el estado remozado de la democracia boliviana, muy a pesar de que ésta no guste a quienes no les favorece. Esos hechos muestran también que así como la democracia necesita de ciudadanos activos, la búsqueda de justicia requiere de la acción coordinada. Lo paradójico es que la democracia chilena, una de las más aduladas de la región, parece demostrar que esa condición política no basta para reparar los daños.

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