Columnistas

Juzgamiento a altas autoridades de Estado

La Razón (Edición Impresa) / Tribuna - Franz Rafael Barrios González

00:00 / 30 de noviembre de 2015

En estos días el Senado trata la modificación de la Ley 044 para el juzgamiento del presidente y/o vicepresidente y otras altas autoridades de Estado, so pretexto de “adecuarla al derecho internacional”. El presidente del Senado, Alberto Gonzales, justificando la medida, declaró: “Bolivia se exponía a que eventualmente una exalta autoridad que hubiera sido sentenciada en primera instancia y no tenga la segunda para apelar, podría haber ido a tribunales internacionales y demandar al Estado boliviano”.

Para empezar, los juristas plurinacionales ignoran que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 184, con respecto a la institución del juicio de responsabilidades, dispone que: “Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley: 4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato (…).” Por tanto, no pueden crear una “sala” o “instancia de apelación”, que no existía hasta ahora, porque por imperio constitucional el juicio de responsabilidades se tramita en una sola instancia. Lo que se constituye como excepción a la regla de que el proceso penal boliviano comporta dos instancias.Al respecto, la autora Susana Peñaranda del Granado precisa: “(…) los vocablos ‘en única instancia’ nada más restringen la instancia de apelación y, por ende, el recurso de apelación. Sin embargo, tanto el recurso de casación como el de revisión son ‘extraordinarios’ y no implican la existencia de instancia procesal alguna.” (Ficha Constitucional Nº 39, 11 de julio de 2011)

Lo cual nos demuestra que, si bien la instancia de apelación no está autorizada para el juicio de responsabilidades como pretenden —inconstitucionalmente— inventarse los plurinacionales, sí existe la posibilidad de la revisión extraordinaria bajo la actual Ley 044 y el artículo 421 del Código de Procedimiento Penal (que por su generalidad es aplicable supletoriamente al juicio de responsabilidades). Ya que “tanto el recurso de casación como el de revisión son ‘extraordinarios’ y no implican la existencia de instancia procesal alguna.” de acuerdo con Peñaranda.

Según establece el artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, la revisión extraordinaria, procede para la “(...) revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado, (...)”.

Finalmente. Con respecto a su plurinacional creencia de que inventándose “segunda instancia” (inconstitucional según se vio) el condenado “ya no podrá acudir a instancias internacionales”, debe señalarse que el requisito para acudir a esas instancias, esencialmente, es el haber agotado los recursos de la jurisdicción interna; aunque “(…) la regla del agotamiento previo de los recursos internos admite excepciones” (Según, por ejemplo, dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Ergo, cuando el condenado recurra “en segunda instancia” (inconstitucional) —una vez puestas en vigor sus modificaciones— o interponga recurso extraordinario de revisión, habrá agotado internamente los recursos, y podrá acudir a instancias internacionales, demandando al Estado boliviano. “Igualito nomás”. Con lo que su modificación normativa, además de ser inconstitucional, será —una vez más— inútil.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia