Columnistas

Ley contra la violencia hacia las mujeres

Columna adicional

La Razón Digital / Elizabeth Iñiguez de Salinas

00:00 / 07 de mayo de 2013

Es destacable que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo de 2013, haya sido aprobada en la Asamblea Plurinacional sin dilatar innecesariamente la discusión, sin duda gracias a la presencia de dos mujeres en la presidencia de ambas Cámaras y varias asambleístas, con una actitud comprometida (como era de esperar) con las víctimas de agresiones en su entorno familiar, tomando en cuenta, seguramente, la lucha de movimientos feministas, de organizaciones e instituciones de derechos humanos y de muchas mujeres que, individualmente, han venido denunciando sistemáticamente esta terrible realidad.

Hace 18 años, el 15 de diciembre de 1995 se promulgó la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia, impulsada por  la entonces Sub Secretaria de Asuntos de Género (SAG) que reunió a un grupo de mujeres profesionales de diferentes ramas, para trabajar en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a través de talleres y otros eventos, con el apoyo de las organizaciones femeninas de ese tiempo. El mérito de dicha norma fue sacar a la luz el mal endémico de la violencia que sufren las mujeres de todos los sectores sociales, de parte de sus esposos, convivientes, novios o exparejas, padres, hermanos, cuñados, suegros, etc., como consecuencia de la discriminación y la subordinación al poder del varón a la que están sometidas en el seno familiar.

En ese proceso, fue muy valioso el antecedente de denuncias de violencia contra la mujer hechas a partir de 1980, no porque no hubieran existido antes, sino porque esa fue la época de las reivindicaciones de las mujeres, en la que se develaron las más crueles agresiones y abusos físicos, psicológicos y sexuales, en el ámbito familiar, hasta entonces invisibles y consideradas como naturales. Por otra parte, la SAG creó instancias de apoyo a las mujeres como las brigadas de protección a la mujer y a familia, en el seno de la Policía Nacional, en las capitales de departamento y los Servicios Legales Integrales en los municipios, entre otras acciones.

El tratamiento de dicha Ley en el Parlamento fue muy difícil, porque cuestionaba prácticas centenarias que evidenciaban el poder patriarcal en la familia, reflejado en hechos de violencia contra la mujer hasta entonces vistos como normales y de carácter privado, por lo que debían ser resueltos al interior de los hogares. No obstante que las sanciones en la ley eran muy leves, los parlamentarios, en broma o en serio, manifestaban que el proyecto era más drástico que la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (1008).

Pasaron meses desde que el proyecto de Ley fuera presentado sin que ingresar a la agenda de la Cámara de Diputados; la abogada Aida Camacho y mi persona, responsables de la elaboración del mismo y de la gestión para su aprobación, pasamos días enteros cabildeando con los parlamentarios y otras autoridades en busca de apoyo; y en esas circunstancias ocurrió que el presidente de dicha Cámara, el 4 de octubre de 1995, anunció el inicio de su tratamiento, en coincidencia con la fecha de inauguración de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, en Beijing. Tuvimos que lamentar sin embargo la ausencia en el hemiciclo de las parlamentarias, porque precisamente se encontraban participando en dicho evento.

Acudimos a la diputada de Conciencia de Patria (Condepa) Edith Gutiérrez de Mantilla, presente en el hemiciclo, que aunque no estaba convencida con el proyecto, consecuente con su posición de mujer de avanzada, se comprometió a defenderlo, y lo hizo con mucha energía, enfrentando las arduas discusiones y desconfianza de los legisladores sobre la pertinencia de dicha Ley, la misma que fue aprobada, aunque con modificaciones respecto al proyecto inicial (incluso del título), motivando enorme satisfacción entre quienes luchamos por esta reivindicación. A las 3:00 de aquel memorable día, concluida la sesión, los parlamentarios y las pocas mujeres que estuvimos en los palcos del hemiciclo entonamos el Himno Nacional, en unánime voz. Finalmente, el 15 de diciembre de 1995 la Ley fue sancionada y promulgada.

Si bien no es lo más apropiado comparar hechos o leyes que tuvieron su origen en diferentes épocas; pues cada ley tiene mayor o menor factibilidad de aprobación de acuerdo con el contexto histórico, político o social específico; cada hecho tiene valor en su tiempo y marca un hito, no podemos dejar de mencionar que la norma recientemente promulgada registra un avance extraordinario en relación a la ley de 1995, posiblemente porque se dio en una nueva realidad, con factores coadyuvantes. En primer lugar es explícita sobre la problemática que enfrenta, desde el nombre que lleva. Es mejor estructurada, establece nuevas formas de violencia contra la mujer y sanciones más severas, de acuerdo con la gravedad del delito. Para el feminicidio determina la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto. El Estado específicamente garantiza a toda mujer en situación de violencia el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, incluyendo a las comunidades indígena-originario campesinas y afrobolivianas, cuyas autoridades deben adoptar medidas de atención y protección a dichas mujeres, en el marco de sus competencias y procedimientos. Los casos de violencia sexual, feminicidio y análogos serán derivados a la jurisdicción ordinaria, de conformidad con la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Todo ello exigió modificaciones en el Código Penal y la incorporación de nuevos tipos penales en dicho cuerpo de leyes. Se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia como organismo especializado de la Policía Boliviana, asimismo, juzgados de materia contra violencia hacia las mujeres, fiscalías especiales y la Dirección Forense, autoridades que se deben especializar en la lucha de la violencia contra la mujer.

Se adoptan medidas de: a) prevención en el campo educativo, de salud, laboral y medios de comunicación, para modificar los comportamientos individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, y reproducen la violencia; b) atención , que se traducen en el apoyo integral a la víctima, sus hijos y otras personas dependientes en riesgo, en situaciones de violencia; orientación legal, apoyo psicológico y rehabilitación permanentes, por los servicios legales integrales municipales y las casas de acogida y refugio temporal, donde recibirán capacitación básica para poder trabajar, con el concurso de profesionales especializados, tanto de la administración pública como privados. También se prevé la rehabilitación de los agresores, mediante terapias especiales, lo que no sustituirá las sanciones impuestas por la autoridad competente; por último c) protección , que tiene por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, se realice la investigación, procesamiento y sanción, dentro del debido proceso.

Por otra parte, se incrementan los Servicios Integrales en los municipios, con los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, dependientes del Ministerio de Justicia, en todo el Estado.; se dispone la obligación para que las entidades territoriales autónomas y municipios elaboren programas con iguales propósitos, pues la violencia es un tema social y no sólo de las mujeres. Se prohíbe la conciliación, con algunas excepciones, aunque no debería tener ninguna, tal vez en casos de agresiones leves, por no reincidentes; se fijan multas significativas, hasta el 50% del salario de los agresores dependientes; y a los informales hasta el 50% del salario mínimo nacional, fuera de las sanciones penales severas, si corresponden. En suma, el Gobierno asume el compromiso de ejecutar políticas públicas para la implementación de la ley a través del Ente Gestor, asignando el soporte económico necesario, que asegure el éxito del sistema.

El Ministerio de Justicia actuará como Ente Gestor, y el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE), dependiente de dicho Ministerio, es el encargado de organizar el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la información de los servicios públicos y privados y llevar un registro único sobre la violencia en razón de género; donde se expedirán los certificados que acrediten no haber cometido agresiones contra las mujeres, para poder optar un cargo público.

Ahora bien, ¿qué esperamos las mujeres de Bolivia, después de la Ley 346? Desde mi punto de vista queremos: 1) su aplicación inmediata, para lo que debe incorporarse, en el presupuesto adicional del presente año las partidas correspondientes; y en la próxima gestión asignarse en el Presupuesto General de Nación un porcentaje determinado, que cada año pueda ser incrementado de acuerdo con las necesidades del sistema. 2) Que se priorice la prevención en la educación, incorporando programas, desde el ciclo preescolar, para formar seres humanos que se respeten unos con otros, por encima de diferencias de género, inscribiendo la paz en el corazón de cada niño y niña. No importa que en esa tarea se tomen diez o más años; estamos convencidos de que no existe otro camino para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que es muy difícil cambiar la conducta de un adulto, aunque lo estamos intentando. No olvidemos que es preciso educar a los niños desde su tierna infancia, en el respeto a los derechos humanos y la cultura de la paz, en la escuela, el hogar y la iglesia, para evitar que en el futuro se llenen las cárceles de adultos agresores. Considerando la desigualdad de fuerza física entre hombres y mujeres, desde el ciclo primario debe complementarse la educación de las niñas y adolescentes con el aprendizaje de defensa personal. 3) Todos los plazos procesales tienen que fijarse específicamente en los reglamentos, y ser fatales, pues no es suficiente que la ley diga “de inmediato”, porque este concepto con frecuencia abarca meses e incluso años. 4) Los jueces y fiscales especializados, que atenderán los diferentes casos sobre violencia contra las mujeres, deben estar debidamente formados en género, derechos humanos y violencia, hasta fines del presente año, de manera que puedan ejercer sus funciones en 2014; y no ocurra que los jueces de materia penal y los mixtos en el área rural sigan atendiendo —por años— las denuncias sobre agresiones contra las mujeres, sin tener la preparación adecuada; caso contrario, no habrá ningún cambio en la justicia. 5) Debe desplegarse una información permanente, a través de los diferentes medios, de manera que no haya una sola mujer en el país que ignore sus derechos y las acciones a seguir en su defensa, cuando sea objeto de violencia.

La intención de este comentario no es abarcar la totalidad de la Ley 346, pues es muy extensa (tiene 100 artículos), sino apenas señalar los temas más importantes que requieren especial atención.

Fue presidenta del Tribunal Constitucional

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