En el mundo existen lamentablemente muchas personas presas o asiladas a causa de su activismo político en internet, y varias otras han sido asesinadas por esa razón. Estos casos son poco conocidos en Bolivia, debido a que una parte importante de las historias suceden en espacios virtuales y porque no tenemos ningún caso en nuestro país.

La criminalización de acciones en la web en pro de la libertad de expresión, acceso libre al conocimiento y a la información pública, o la privacidad, entre otras libertades digitales, ha producido presos, asilados y muertos desde al menos 2003. Globalmente, en 2014 se registraron 177 internautas detenidos y 19 muertos, según Reporteros Sin Fronteras.

Varios casos de hackers políticos han recibido atención mediática como Edward Snowden, por su denuncia de la vigilancia masiva mundial ejercida por la agencia norteamericana de seguridad NSA, quien se encuentra asilado actualmente en Rusia; Julian Assange, por sus acciones de publicación no oficial de documentos de interés público en el sitio WikiLeaks, quien guarda asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres; Chelsea Manning y Jeremy Hammond, ambos en prisión (35 y 10 años, respectivamente) por su rol como informantes de documentos públicos que no le interesaba al Gobierno de Estados Unidos hacer públicos. En Francia, Julien Coupat, del grupo Tarnac 9, estuvo arrestado seis meses y medio acusado de terrorismo. Otros que son continuamente asediados como Jacob Appelbaum o la abogada Jesselyn Radack, por mencionar algunos nombres.

Un caso muy sentido es el de Aaron Swartz, quien fue capturado por bajar casi 5 millones de artículos académicos con derechos de autor y acusado por la sospecha de que iba a liberarlos para acceso público. La historia termina con el suicidio de Aaron a los 27 años, durante un proceso legal iniciado por el Gobierno de Estados Unidos en el que enfrentaba una pena de 50 años en prisión y 4 millones de dólares en multas.

Además de estos hackers, hay blogueros, activistas, periodistas digitales y periodistas ciudadanos presos o muertos por ejercer su libertad de expresión en contra de los regímenes políticos y en defensa de libertades en sus países. En Bolivia afortunadamente solo hemos tenido un caso de amedrentamiento a seis usuarios de internet por sus acciones en la web, que no progresó, se quedó en la apertura del caso judicial iniciado por la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).

La naturaleza del poder es sentirse incómodo con quienes no están conformes con él y el orden que impone. Esta lucha es entre ciudadanos (muchas veces periodistas) y los poderes establecidos. No hay que perderla de vista, porque allí se están jugando también nuestros derechos y libertades. El plazo para que las fuerzas políticas entreguen sus planes de gobierno concluirá el 29 de enero. Los documentos, que deben llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), constituyen el primer paso para que la población conozca las propuestas de los candidatos a gobernaciones y municipios, aunque más saludable será que los programas propuestos generen debate.El plazo para que las fuerzas políticas entreguen sus planes de gobierno concluirá el 29 de enero. Los documentos, que deben llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), constituyen el primer paso para que la población conozca las propuestas de los candidatos a gobernaciones y municipios, aunque más saludable será que los programas propuestos generen debate.