Columnistas

¿Medida atinada?

La Razón / Perspectiva - Armando Álvarez Arnal

23:49 / 12 de mayo de 2012

Luego de la nacionalización de las generadoras y posteriormente de distribuidoras de electricidad, era evidente que la empresa Transportadora de Electricidad SA (TDE), cuyo principal accionista era la filial internacional de Red Eléctrica de España, correría similar suerte, sólo había que buscar el momento oportuno. Y ese momento llegó cuando el Ejecutivo enfrenta demandas de diversos sectores sociales.

Unos días antes, el Gobierno argentino había nacionalizado parte de las acciones de la empresa petrolera YPF que eran de propiedad de la firma multinacional española Repsol. Es decir que, en menos de una semana, inversiones de dos empresas españolas fueron expropiadas por gobiernos latinoamericanos.

Las reacciones en España ante las nacionalizaciones fueron inmediatas; y en el caso de TDE, medios de prensa españoles hicieron notar que, hace dos años el Gobierno socialista español de entonces condonó a Bolivia una deuda por alrededor de $us 78 millones y deslizaban irónicamente la posibilidad de que su par boliviano podría estar pagando por las acciones de TDE con plata de la deuda condonada por los propios españoles.

Por otra parte, resulta que en los últimos años, más del 50% de la inversión extranjera privada que ingresa al país —que ya es baja en comparación a la que ingresa a otros estados de la región— proviene de países europeos, de la cual, más de la mitad procede de España.    

Frente a las nacionalizaciones y la reacción pública que han generado, es evidente que el actual Gobierno español no se puede quedar de brazos cruzados, debe dar señales claras de que va a proteger las inversiones que las empresas españolas realizan en el exterior. Pareciera, entonces, que el Gobierno boliviano va a tener una dura pelea para evitar pagar lo que corresponde por las acciones de TDE. Pero sobre todo, deberá hacer un titánico esfuerzo para convencer a las demás firmas europeas, principalmente españolas, que existe seguridad jurídica en el país a fin de que continúen invirtiendo, aunque los hechos demuestren lo contrario.

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