Columnistas

Militares en las calles

Estas medidas, lejos de mitigar o reducir la inseguridad ciuda-dana, la incrementan y soliviantan

La Razón / Milton H. Mendoza Miranda

00:00 / 29 de marzo de 2012

Ante la creciente ola de inseguridad y la demanda de atención por parte del Estado, varios fueron los intentos para dar respuesta a ese fenómeno. Uno de ellos fue el ingreso de militares en labores de seguridad ciudadana con el plan: Bolivia Segura, que fue implementado en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El diario La Razón reportó la atención de 689 casos sólo la noche del viernes y madrugada del sábado pasado. El viceministro del sector anunció la incorporación de funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Otro intento para remediar la ‘inseguridad’ fue el anuncio de incrementar las penas, modificando el Código Penal en respuesta al pedido de implantar la pena de muerte.

Estas medidas, lejos de mitigar o reducir la inseguridad ciudadana, la incrementan y soliviantan, porque no constituyen respuestas modernas, coherentes y apropiadas dentro un Estado de derecho. La participación de las FFAA en labores de orden público y seguridad ciudadana son sencillamente inconstitucionales y nos recuerdan viejas épocas, cuando caminar con el testamento bajo el brazo era parte del cotidiano vivir (Dictadura de 1980). No es posible que en un Estado moderno y de transformaciones profundas se recurran a antiguas prácticas que además nunca dieron resultados positivos. Todo lo contrario, recuérdese lo que pretendió hacer Goni con el DS 27109 de 14 de julio de 2003 (y de hecho lo hizo) al introducir militares en la represión de la protesta social en octubre de 2003.

La prevención y lucha contra el delito son actividades eminentemente técnicas, de ciencias como la criminología, la criminalística y el derecho penal y de ninguna manera pueden ser sustituidas con personal entrenado para la guerra, con una misión constitucional diferente al de la Policía, aun sea a título de apoyo y patrullaje. Las FFAA serán requeridas única y exclusivamente en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural; y eso se produce sólo en un Estado de Excepción, de otra forma,  si hay piedra libre para el uso de militares, será muy fácil cruzar la línea invisible de lo bueno y lo malo, corriendo el riesgo de, al repeler el crimen confundir fácilmente a población civil con subversivos o delincuentes, con detrimento a los derechos humanos, cual fuese el motivo, ver a militares en las calles, patrullando o en puestos de control, lesiona las fibras más íntimas de la democracia.

Otra idea descabellada por decirlo menos, es introducir a instituciones como el Órgano Judicial y el Ministerio Público en patrullajes y controles, ese solo hecho desnaturaliza el Estado de derecho convirtiéndolo en un Estado policiaco, donde los derechos fundamentales penden de un hilo, desconociendo los frenos y contrapesos de autoridades e instituciones; el juez ya no investiga y no puede estar acompañado de policías y militares realizando operativos, lo mismo pasa con el Ministerio Público que ya no debe ser un brazo operativo del Ministerio de Gobierno.

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