Columnistas

Minería boliviana: la gran incógnita

El sector productivo más importante de los siglos pasados no se pudo estructurar a través de su historia

La Razón / Dionisio J. Garzón M.

00:10 / 30 de noviembre de 2012

La presentación del libro Los dilemas de la minería, del cual soy coautor, elaborado a partir de una investigación que alude al título de esta columna, me permite llegar a ustedes con el mensaje implícito del estudio.

El sector productivo más importante de los siglos precedentes no se ha podido estructurar a través de su historia. Una fuerte injerencia política ha marcado su transitar entre posiciones liberales, con fuerte impulso al sector empresarial privado, y posiciones nacionalistas y socialistas, donde el Estado trató de recuperar el control de las empresas productivas. En el último tiempo emergieron dos grupos corporativos que luchan por ser actores principales: los cooperativistas mineros y los pueblos indígena originario campesinos. Una nueva constitución que privilegia los derechos de estos dos grupos y una ley minera que no termina de nacer configuran una “camisa de fuerza” que limita el accionar de operadores, eleva la carga impositiva, disminuye la competitividad del país y aleja inversiones que pretenden desarrollar un privilegiado potencial minero, por el que el país es conocido a nivel mundial.

En este peculiar contexto, el nivel de producción minera exportable (que se incrementó en los últimos años por el boom de precios internacionales) en la última gestión fue de $us 3.448 millones. Nivel bajo comparado con el de otros países de tradición minera como Perú, que superó los $us 26 mil millones y también con el de países de reciente ingreso a la minería mundial como Argentina, cuya exportación minero-industrial pasó de los $us 16 mil millones.

La minería nacional transitó de la explotación de plata en la Colonia, al dominio de los Barones del Estaño en los albores del siglo XX, y de éste a la nacionalización de las minas en 1952. En 33 años el Estado no pudo consolidar esta conquista, y el péndulo giró a posiciones liberales. En 20 años floreció el empresariado asociado a capitales extranjeros y dejó la herencia de cuatro megaproyectos que soportan la producción minera actual, y muchas ilusiones por un boom de exploraciones que delimitó muchas áreas de interés. Los años recientes muestran el péndulo otra vez en posiciones nacionalistas y la emergencia de nuevos actores: cooperativistas controlando ya más del tercio del valor de la producción, comunidades tomando minas y reclamando participación y consulta previa, un Estado que parece empeñado en resucitar viejos proyectos del pasado siglo, y un empresariado temeroso y expectante, sin nuevos emprendimientos a la vista.

Mientras tanto, una corriente de inversiones en exploración que supera los $us 18 billones a escala mundial (25% circulando en América Latina) parece no conmovernos y seguimos empeñados en gastar plata del Estado en estas aventuras de riesgo. La última gestión destinó un poco más de $us 100 millones a estos afanes, hay muy poco avance de proyectos estatales (salar de Uyuni, Corocoro, Mutún) y prácticamente nula exploración privada en el país. ¿Cuál la receta para salir de este secular estado de anomia e incluirnos en la corriente moderna de la industria? ¿Queremos realmente hacerlo? Parecen ser las incógnitas a resolver.

El estudio apunta a una planificación a 20 y 50 años que permitirá (sin dejar los esfuerzos actuales) la inserción del país a la minería de metales tecnológicos (platinoides, tierras raras, grafito, tantalio, litio, potasio y sales industriales), cuya presencia en la geología de estas tierras ha sido constatada hace medio siglo.

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