Columnistas

Minería e industrialización (parte II)

La estructura de la minería formal estatal y/o privada navega por mares de improvisación.

La Razón (Edición Impresa) / Dionisio J. Garzón M.

00:42 / 07 de julio de 2017

La productividad, rentabilidad, competitividad, cuidado medioambiental, responsabilidad empresarial y oportunismo de mercado son atributos del sector minero-industrial. Este protocolo solo es posible en el subsector formal del país, y entra en contradicción con cualquier otro informal y/o con sus derivaciones de minería ilegal. He tratado ampliamente el tema en el libro De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2017); y se puede aseverar que en el país, a contracorriente de los cánones universales de la industria, se fomenta el sector informal de la minería; y que la estructura de la minería formal estatal y/o privada, sobre todo la de pequeña escala —con excepción de los remanentes de la minería mediana de los años 90 (San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente, etc.)— navega por mares de improvisación.

i) Se puede argüir lo que se quiera, pero la decisión de renacionalizar las viejas minas para hacer del Estado otra vez un productor, solo fue un buen deseo, y el objetivo de potenciar la estatal minera Comibol no pasó de buenas intenciones. No se puede decir con propiedad que Huanuni, Corocoro e incluso Colquiri son operaciones competitivas y de alta rentabilidad. Algunas ni siquiera son rentables, tampoco tienen una trascendencia más allá de nuestras fronteras como operaciones mineras importantes. A su vez, Comibol se debate entre reestructurarse y refundarse como empresa pública estratégica corporativa o perecer.

ii) A juzgar por su grado actual de avance, el Mutún y el Salar de Uyuni han salido del control corporativo para convertirse en unidades aisladas de futuro incierto. En el caso del Mutún, un buen ejemplo de indefinición, a esta altura resulta paradójica la decisión política (una de las primeras de la administración actual) de expulsar del país a EBX Capital Partners, del empresario y capitalista Eike Batista (quien ya había instalado una planta de arrabio y hierro esponja en Puerto Quijarro, Santa Cruz), para  10 años después poner en agenda un proyecto estatal similar para una acería que produciría acero crudo, hierro laminado y perfiles de acero para el mercado interno, en asociación con una empresa china (Sinosteel) poco conocida en el exclusivo círculo del hierro y el acero. Al margen de las ventajas concedidas a EBX para operar en zona franca y los problemas medioambientales de su proyecto por el uso de carbón vegetal (que dispararon la resistencia popular al emprendimiento), ¿no se podía negociar con Batista un acuerdo más pragmático para utilizar su planta, mejorar parámetros medioambientales y acceder a relaciones con la industria del acero brasileño? Hay que tener en cuenta que por la ubicación de nuestro proyecto, estamos obligados a relacionarnos con Brasil si queremos tener alguna posibilidad de rentabilidad y mercados.

iii) En el caso del Salar de Uyuni y en relación al punto de oportunismo de mercado, hemos hecho todo lo contrario a lo recomendable: nos hemos limitado por la Ley 535 (v. g. Art. 73- IV) de tal manera que Comibol está obligada a completar la investigación de química básica antes de poder asociarse con otra compañía para desarrollar el proyecto industrial. Aún hoy nos debatimos en el pilotaje y en el diseño de la futura planta, perdiendo más de una década donde la industria ha sentado reales en Argentina y Chile; y hoy ambos países tienen acuerdos de largo alcance para la venta de carbonato e hidróxido de litio, carbonato de potasio, plantas de ensamblaje de baterías e incluso la infraestructura de fabricación de autos híbridos y eléctricos con los íconos de este rubro: Tesla, Nissan, General Motors o Hyundai, por citar solo algunos (continuará).

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