Columnistas

Nacionalización de las minas

Resulta frustrante ver a lo que se llegó después de 65 años de la creación de Comibol en octubre de 1952.

La Razón (Edición Impresa) / Dionisio J. Garzón

00:00 / 27 de octubre de 2017

Muchas veces escribí sobre el 31 de octubre de 1952, fecha que recuerda el primer intento en la era republicana de retomar la soberanía del Estado y del pueblo sobre sus recursos minerales. Como apunto en mi libro De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2017 pp. 129, 177 y otras), esta fecha ha sido sistemáticamente reducida en su importancia; ya no hay actos destacados en las pocas minas activas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y peor aún, en la administración central del Estado. Ahora se habla de la renacionalización llevada a cabo por el gobierno de turno en algunos distritos mineros y plantas metalúrgicas, después del largo periodo neoliberal que privatizó y capitalizó algunos centros importantes del portafolio de Comibol. Para los que hemos visto la realidad de la estatal minera desde adentro y fuimos actores de los intentos más importantes de hacer una corporación minera en el sentido estricto del término, resulta frustrante ver a lo que se llegó después de 65 años de aquel hito histórico.

El Decreto Supremo 3196 del 2 de octubre de 1952 creó Comibol para representar al Estado en la nacionalización de las minas de los Barones del estaño (DS 3223 del 31 de octubre de 1952), administrar y operar más de 34 unidades entre minas, plantas metalúrgicas, generadoras de energía y agencias administrativas y comerciales. De la noche a la mañana debía hacerse cargo de un gran patrimonio que había sido manejado por técnicos y administradores mayoritariamente extranjeros, quienes habían logrado concretar un holding de empresas cuyos intereses se manejaban desde Santiago, Liverpool, Nueva York o París. Se habían nacionalizado las minas en Bolivia pero no el holding internacional, eso marcó el destino de la naciente Comibol, que pese a los esfuerzos no pudo jugar internacionalmente y cayó en los recovecos de la política criolla que antepuso intereses de grupos de poder a los intereses del pueblo boliviano (v.g. “Comibol un sueño inconcluso”, en ¿De vuelta al Estado minero? D. Garzón, Ed. Fundación Pazos Kanki, 2013).

La estatal minera siempre fue botín de guerra y caja de caudales; limitó su accionar a operar viejas minas; no pudo incursionar en proyectos nuevos de metalurgia, pirometalurgia o industrialización de metales no tradicionales; los intentos siempre chocaban con intereses particulares o de grupo, se alargaban los trámites y poco a poco proyectos como la volatilización de minerales de baja ley de estaño, la fundición de plata-plomo de Karachipampa, las refinerías de zinc o la siderurgia en el Mutún ingresaban al patrimonio de elefantes blancos cuando las condiciones de tecnología y mercados ya no acompañaban los intentos. Tampoco pudo controlar la cadena de producción, metalurgia y comercialización del oro, pese a que en algún momento llegó a tener más de 600.000 hectáreas de concesiones auríferas en la amplia cuenca de los ríos Madre de Dios, Beni y tributarios. Se hizo una importante inversión en exploración y evaluación de ese metal precioso en los años 80, y hoy ese patrimonio está a merced de pequeñas empresas artesanales, cooperativas y garimpeiros de los países vecinos.

Y podemos seguir, Comibol administra Huanuni, Colquiri, Corocoro, viejos distritos con muy poca proyección, Karachipampa (uno de los elefantes blancos) y la metalúrgica Vinto; se sacó de su accionar la siderurgia del Mutún y el proyecto de sales en Uyuni que sí, poniéndonos a tono con la situación regional, puede ser interesante. La dinámica de evitar que Bolivia tenga una verdadera corporación minera se mantiene intacta, pese a los cambios políticos que siempre prometen el oro y el moro. Pese a todo: felicidades a Comibol en este 31 de octubre.

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