Columnistas

Nueva institucionalidad y Policía

Las políticas de seguridad deben ser definidas e implementadas por gobiernos, no por órganos ejecutores

La Razón / Iván Finot

00:21 / 28 de septiembre de 2013

El libro Why Nations Fail (2012) demuestra claramente que el factor determinante de que haya países que no pueden salir adelante es su prolongado pasado colonial. En países como el nuestro, pese a todos los intentos de destruir las poderosas culturas precolombinas preexistentes, éstas y sus normas de convivencia no sólo sobrevivieron, sino siguieron desarrollándose endógenamente, mientras en el otro extremo de la sociedad se copiaba normas de origen europeo. En la práctica, para estas últimas se mantuvo el lema colonial “se obedece pero no se cumple”.

Estando al fin superándose el colonialismo, es imprescindible que, respetando todas las diversidades, logremos, para empezar, una institucionalidad común, a fin de garantizar efectivamente a todos el derecho a la vida y la integridad. Todas las organizaciones públicas involucradas deberían actuar coordinadamente en la ejecución de políticas diseñadas con este objetivo; pero en lugar de ello tal coordinación se da en redes de funcionarios corruptos para proteger a delincuentes a cambio de dinero, un fin exactamente contrario al que debería ser.

¿Qué hacer con la Policía? Desde ya,  el problema empieza por los bajos salarios que perciben, particularmente de suboficiales para abajo. Por otro lado, las políticas de seguridad deben ser definidas e implementadas por gobiernos, no por órganos ejecutores. A continuación se presentan dos propuestas para una reorganización de la Policía: una nueva institucionalidad y una descentralización, ambas específicas para el caso.

La institucionalidad especial sería que hubiera privilegios y castigos especiales, propios de la condición de ser policía: por un lado, incrementar los salarios de suboficiales para abajo hasta niveles dignos, e igualar los sueldos de oficiales y jefes con los de los militares. Por otro, instaurar penas especialmente duras para los que caigan en corrupción. Que un policía se corrompa debe ser un delito rápida y efectivamente condenado con fuertes penas (caso Francia). Además las denuncias de intentos de soborno a los policías deberían ser especialmente premiadas (caso Chile).

En segundo lugar, ya se mencionó, las políticas de seguridad deben ser definidas por gobiernos, y éstos deben responder por ellas a fin de ser premiados o castigados a través del voto. En principio, el Gobierno nacional debería focalizarse en los temas más cruciales, como la seguridad física de las personas, mientras que otros, como la protección de la propiedad, deberían ser responsabilidad, en primera instancia, de gobiernos municipales (mancomunados, cuando fueran de pequeña dimensión). Para ello debería distinguirse claramente en qué aspectos el cuerpo policial debería obedecer al respectivo gobernante (ejecución de políticas) y en qué otros a la superioridad del propio cuerpo (aspectos técnicos y disciplinarios).

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