Columnistas

Pena máxima

La CPE vigente apuesta por comprender un Derecho Penal limitado y justificado.

La Razón (Edición Impresa) / Farit Rojas Tudela

06:59 / 20 de junio de 2016

Conforme a lo dispuesto en el Art. 118 de la CPE, se prohíben las penas infamantes, la muerte civil y el confinamiento. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Art. 114 queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción o exacción. El sistema de penas se resume a sanciones privativas de libertad, siendo la máxima 30 años sin derecho a indulto (Art. 118 parágrafo II), y que solo puede aplicarse a condición de que el acusado sea oído y juzgado previamente en un debido proceso (Art. 117), y con la condición además de que la sanción se funde en una ley anterior al hecho punible (Art. 116).

El parágrafo III del Art. 118 establece que las sanciones privativas de libertad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos, en concordancia con lo establecido en el Art. 74, que establece la responsabilidad del Estado en la reinserción social de las personas privadas de libertad, así como el respeto de todos los derechos de los presos; además de establecer las garantías y oportunidades para que se pueda trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Es decir, la CPE presenta un Derecho Penal que descentra la función de venganza y presenta un programa que puede ser la base para un minimalismo penal.

Pueden esbozarse muchas razones por la cuales la máxima sanción penal sea de 30 años sin derecho a indulto, desde que ha sido una recomendación de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (que considera que al eliminarse la pena de muerte del sistema de penas se debe avanzar a eliminar la prisión vitalicia), hasta la comprensión de que los años de prisión en una sentencia penal deben de graduarse con relación a la proporcionalidad entre el delito cometido, el bien jurídico vulnerado y los márgenes permitidos de la sanción penal.

En nuestra legislación, además, la pena privativa de libertad está orientada a la educación, habilitación e inserción social (Art. 118 parágrafo III).

Es decir, existe una justificación de progresividad de la pena en relación con el tiempo de educación, habilitación e inserción social de aquel ser humano encontrado judicialmente culpable de la comisión de un delito y los años de condena que establece la sentencia. En otras palabras, quien sufre encierro debe avanzar progresivamente, atravesando diferentes etapas, para estar preparado para su reinserción social.

Aumentar la pena máxima de privación de libertad por ejemplo a prisión vitalicia supone modificar el fundamento del sistema de penas que se encuentra en la primera parte de la CPE. Los países que contemplan la prisión vitalicia la aplican extraordinariamente y la tendencia es a eliminarla del sistema de penas.

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