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Crisis

Los administradores de justicia sesgan sus imputaciones y sentencias para mejorar sus ingresos.

La Razón (Edición Impresa) / Rolando Morales Anaya

07:04 / 22 de junio de 2016

El sentido de la palabra crisis es el de ruptura de un proceso que iba en buen camino; pero en Bolivia y en América Latina es una suerte de sinónimo de una debilidad estructural permanente. Es así que, desde que nací, he escuchado que en Bolivia estamos en crisis. Esta reflexión viene a propósito de la mentada crisis del sistema judicial, que no es la única, pues también hablamos de crisis económica, de crisis de valores, etc.

El tópico, poco estudiado por los economistas, es el relativo a la estructuración de las sociedades a partir de la formación de consensos, aunque algunos colegas hablan de sociedades fallidas para identificar a aquéllas con instituciones débiles asociadas a su escasa estructuración. En realidad no hay sociedades fallidas, hay sociedades en construcción, superando poco a poco sus debilidades estructurales que las llamamos crisis. Una sociedad en construcción es una sociedad que se encuentra en proceso de desarrollo de una conciencia colectiva sobre el bienestar común, valores y penalidades que en ella deben existir. El sistema de justicia es uno de los reflejos de los valores que hasta un momento dado han sido desarrollados. Si bien la colectividad es la principal responsable de todo esto, algunas personas pueden tener un papel gravitante en esa estructuración. Cuando los actores principales actúan mal, solemos decir que la “crisis se ha agravado”.

Como ilustración de lo anterior, vale la pena recordar que el sistema de justicia nunca ha funcionado bien en Bolivia, en gran medida porque las élites se acostumbraron a ponerla a su servicio mediante prebendas y amenazas, y que el pueblo acepta esa situación como normal. Incluso cuando puede participa en ese sistema corrupto. No es raro, por ejemplo, que gente pobre ofrezca algún tipo de ofrenda a jueces, fiscales y otras autoridades. Sabiendo que esto puede ocurrir, los administradores de justicia sesgan sus imputaciones y sentencias para mejorar sus ingresos.

Se trata de una etapa del desarrollo, no es fatal ni es una enfermedad, pero es necesario superarla.

La situación es preocupante cuando importantes actores sociales, como los miembros del Gobierno, intervienen en el sistema judicial para hacerlo aún más discrecional y corrupto. En estas circunstancias, una Cumbre Judicial no solucionará nada. Se requiere actuar en los cimientos mismos de la sociedad a fin de socializar el principio que un orden judicial aceptado y consensuado puede mejorar el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Es una tarea difícil y de largo plazo que concierne a toda la población, pero que en las circunstancias actuales debe focalizarse en las autoridades de gobierno, a quienes se debe exigir no intervenir ni presionar al Órgano Judicial. La población, por su parte, debe alzar la voz contra todas las decisiones judiciales que vayan contra los valores que hemos ido desarrollando; por ejemplo, debe pronunciarse sobre el caso del Dr. Eduardo León.

Bolivia debería avanzar más rápidamente en la estructuración de la sociedad; es decir, en la formación de consensos sobre aspectos importantes como los valores, las instituciones, el orden económico, la distribución de ingresos y oportunidades; sin lo cual no es posible acelerar el desarrollo. La solidaridad es un elemento imprescindible en este proceso. La indiferencia con que se trata a las personas con discapacidad es una muestra de la falencia en esta área. En economía se sabe más o menos lo que se necesita hacer, lo que se ignora es cómo lograr lo que se debe hacer.

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