Columnistas

Ley de Imprenta, coartada del poder

El debate siempre estuvo abierto y no va a ser ahora que el poder político lo toma como coartada.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Atahuichi

07:00 / 28 de junio de 2016

El periodismo incomoda, siempre está bajo el escrutinio público y la obsesión o la soberbia del poder político. Un titular, una palabra, una coma... no siempre condicen con los intereses de quienes —desde su visión— se sienten afectados por ellas.

Hasta una foto puede causar el mayor de los enfados, una represalia o el acoso de parte de los aludidos.

Lo hace el ciudadano común, el Alcalde o el Presidente; muchos sin conocer los valores democráticos, las normas que rigen la libertad de prensa o las reglas de convivencia social.

No hay medio de información o periodista que no haya recibido una llamada telefónica, una amenaza de juicio o el escarnio en público motivado en una nota periodística.

Lo que menos ocurre es la sensata necesidad de apelar a la Ley de Imprenta en casos en que uno se sienta afectado por el periodismo. A pesar de ser tan añeja (19 de enero de 1925), aquélla, con absoluta sabiduría, establece mecanismos para sancionar el ejercicio del periodismo cuando éste incurre en el delito. Por ejemplo, el artículo 13 indica que “se delinque contra las personas individuales o colectivas en los impresos que las injurian directa o indirectamente, sean o no falsas las imputaciones injuriosas”.  

“Los delitos de calumnia e injuria contra los particulares quedan sujetos a la penalidad del Código (Penal) y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios, a no ser que el ofendido quiera hacer valer su acción ante el Jurado (de Imprenta)”, dice el artículo 27 de la ley.

Es decir, esas “víctimas” —aunque no siempre ocurre— tienen la opción de acudir a un Tribunal de Imprenta (cuya conformación deberá ser propiciada por los concejos municipales), que es la jurisdicción para casos vinculados al ejercicio periodístico. Claro, la ley habla de solo “impresos”, ni siquiera periódicos, pero es vinculante a la radio, la televisión y los diarios digitales, aunque no los mencione específicamente.

“Corresponde al Jurado el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de calumnia e injuria contra los particulares serán llevados potestativamente ante el Jurado o los tribunales ordinarios”, dicta el artículo 28.

O sea, el periodismo no tiene privilegios en casos en que incurra en delitos. Así, los aludidos —normalmente el poder político— no tienen motivos para tocar la ley con el argumento de que aquélla no es útil.

En una sociedad democrática, el recurso directo de juicio penal contra los periodistas resulta una vendetta o, en el peor de los casos, un amedrentamiento contra el ejercicio profesional. Hay mecanismos previos para el desagravio de las personas o colectivos dañados en su honor: el derecho a réplica o la rectificación, totalmente vigentes en la ley en cuestión.

No va a ser el poder político, al calor de su confrontación innecesaria y antidemocrática con los medios de comunicación y los periodistas, el que tome la iniciativa respecto a la modificación o actualización de la Ley de Imprenta. Son los periodistas (¿nos atrevemos?) los llamados a ese desafío, y no en tiempos en que convenga al Gobierno o a otros poderes del Estado, ni bajo su influjo, sino en aquellos que transcurran de manera natural, sin presiones ni intereses.

El debate siempre estuvo abierto y no va a ser ahora que el poder político lo toma como coartada para lastimar el ejercicio de las libertades de expresión y de información. Comencemos la tarea con hacer un periodismo responsable y con capacidad de autocrítica y autorregulación.

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