Columnistas

Crisis del corporativismo

Se ha revelado una tensión entre las propias organizaciones que conforman el Pacto de Unidad.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Ernesto Ichuta Nina

06:55 / 29 de agosto de 2016

El conflicto de los cooperativistas mineros con el Gobierno, que tuvo un desenlace trágico, debe ser entendido más allá del marco de los conflictos regulares que afectan al país. Esto principalmente porque el protagonista del hecho pertenece al conjunto de actores sociales que a través de la conformación del Pacto de Unidad dieron su respaldo al MAS en las elecciones de 2005. Es más, ante las amenazas de desestabilización política, en 2008 el Pacto de Unidad se amplió a través de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para defender el proceso. Esta relación dio origen finalmente a una estructura corporativa que fue establecida informalmente, aunque en términos de su funcionamiento llegó a convertirse en una instancia clave, al haber sido determinante en la organización de varias instancias del Gobierno.

Puestas así las cosas, las razones del conflicto de los cooperativistas mineros con el Gobierno parecen poner en evidencia las particularidades de esa estructura corporativa, pues esas razones dan cuenta de que esta estructura se habría levantado sobre una serie de transacciones políticas semejantes a un cheque en blanco. Esto no solamente porque el Gobierno reconoció una serie de concesiones otorgadas a los mineros cooperativistas para mantener su apoyo, sino también porque los casos de corrupción que comprometieron a varios dirigentes que conformaron el directorio del Fondo Indígena (Fondioc) fueron negados y procesados con mucha dificultad.

La estructura corporativa vigente parece experimentar así su crisis. Ya que sumado al caso de los mineros cooperativistas, después de varias amenazas de rompimiento de relaciones y en ocasión del conflicto de la Enatex, en junio de este año la Central Obrera Boliviana (COB) dio por hecho que el Gobierno había roto su alianza con los trabajadores. De hecho, hace pocos días Guido Mitma, secretario ejecutivo de dicha organización, declaró ante un medio local sentirse decepcionado con el Gobierno por estar convirtiendo al país en una “fábrica especializada en generar desempleo” (Página Siete, 21.08.2016).

Sin embargo, la crisis de la estructura corporativa no solamente se debe a la contradicción producida entre los intereses de las organizaciones sociales y las capacidades del Gobierno para satisfacer esos intereses, en cuyo caso el estado de crisis de la economía mundial parece ser determinante, sino también porque se ha llegado a revelar una tensión entre las propias organizaciones que conforman el Pacto de Unidad. Varios analistas han observado en ese sentido que la promulgación de la Ley 823, que reconoce el derecho a la libertad sindical en el sector de cooperativas de servicio y servicio público, buscó restablecer el apoyo de la COB al Gobierno. De hecho, ante el conflicto acaecido, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) conminó al Gobierno a no ceder ante el pliego de los cooperativistas, no entregar ni un centímetro más de tierra y anular todas las concesiones mineras existentes con el sector (Página Siete, 18.08.2016).

La búsqueda de obtención de beneficios sectoriales, el celo organizacional, la política del chantaje e incluso el afán de aburguesamiento de los trabajadores reflejan así la naturaleza de la estructura corporativa que se urdió en el país y que parece dar cuenta, además, las contradicciones del Gobierno. Empero, los cocaleros iniciaron ya una campaña para lograr la repostulación de Evo Morales y éste asevera que el Pacto de Unidad es “la madre de todas las fuerzas sociales en Bolivia”, lo que podría dar señales de la existencia de una matriz ideológica en serio; incluso tras los trágicos resultados del conflicto minero la estructura corporativa podría quedar fortalecida, pero lamentablemente esta estructura se va revelando más como un sistema de pagos y beneficios.

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