Columnistas

Ecuador postelectoral

Son necesarios pactos, pero no de conveniencia, sino de gobernabilidad con sentido estratégico.

La Razón (Edición Impresa) / Adalid Contreras Baspineiro

06:53 / 17 de abril de 2017

El resultado de la segunda vuelta electoral en Ecuador, que en realidad fue más un plebiscito pro y anticorreísta, es ya conocido: el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas de Alianza País se impuso al de Guillermo Lasso-Andrés Páez de la alianza Creo-Suma, con un apretado 2,3% de diferencia. Y las reacciones a este resultado esculpen un escenario más previsible que sorprendente: se viven los reflujos de una marcada polarización; se aplica un libreto que desde antes de la primera vuelta electoral denuncia fraude; se sinceran los alcances de los pactos de conveniencia; y se señalan desafíos para la legitimidad.

La polarización condensa las emociones encontradas entre unas derechas que saben sintonizar los descontentos, y un triunfo del partido de gobierno aún restando su fortaleza que le llevó a ganar sucesivas elecciones anteriores sin necesidad de balotaje. Las campañas centradas en el posicionamiento afectivo de las imágenes de los candidatos, así como la apropiación emocional empática de las promesas electorales y las ilusiones ciudadanas son en gran medida responsables de la activación extrema de las diferencias fanatizadas.

Lasso-Páez no asumen su derrota, escenifican un show de autoproclamación basada en datos de una encuesta a boca de urna, sus medios amplifican y dramatizan su estrategia, denuncian fraude, deslegitiman el rol del Consejo Nacional Electoral y de todo el sistema, incluidos los observadores internacionales y sus propios delegados. El código democrático contempla como un derecho impugnar mesas presentando pruebas que objetiven las denuncias, lo que mandata a la apertura de urnas y su revisión siguiendo los más cuidadosos procedimientos de transparencia.

Pero Creo-Suma se aferra a una demanda política por encima de la normativa: el recuento manual de la totalidad de los votos, encendiendo en paralelo, como recurso de presión y descomposición social, la mecha del calentamiento de las calles.

El recurso desestabilizador de Lasso-Páez no es compartido por sus socios circunstanciales, quienes recomiendan la búsqueda de salidas jurídicas, y no se muestran dispuestos a complicidades con la estrategia triunfalista que genera incertidumbre, prolonga traumáticamente las fobias, y busca reacciones que justifiquen o victimicen para crear un clima de ingobernabilidad. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y dirigente máximo del Partido Social Cristiano, principal aliado de Creo-Suma, expresa enfáticamente que si existen pruebas de fraude, se las canalicen por las vías legalmente constituidas. Otro aliado, Dalo Bucaram, líder de Fuerza Ecuador, cuestiona las pretensiones de “caotización” del país.

Estas disonancias dejan ver que la alianza electoral de conveniencia es solamente un acuerdo de cristalería, que luce bien, pero es extremadamente frágil, por su carácter coyuntural-contestatario, no programático.

Mientras las derechas están jugando mal la posibilidad coyuntural de capitalizar su crecimiento y posible articulación, Alianza País queda con el desafío de lograr la legitimidad de su triunfo electoral para profundizar la revolución ciudadana. Le toca empezar tejiendo caminos de unidad, para lo que tendrá que saber escuchar los desencantos y las demandas ciudadanas e incorporarlas —o enfatizarlas— en su programa gubernamental. Tiene que reencantar la esperanza. Son necesarios pactos, pero no de conveniencia, sino de gobernabilidad con sentido estratégico, sin desfigurar la propuesta por la que votaron la mayoría de ciudadanos, para seguir construyendo la sociedad del Buen Vivir.

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