Columnistas

La OEA, Tuto y Honduras

Cambiar las prohibiciones expresas de una Constitución mediante enjuagues judiciales es deplorable.

La Razón (Edición Impresa) / Rafael Archondo

06:42 / 18 de diciembre de 2017

Han confluido circunstancias especiales para que las elecciones presidenciales hondureñas del 26 de noviembre terminen concentrando más expectativas continentales que ninguna otra durante este año. La razón de fondo es que Honduras ha pasado por experiencias que alimentan los debates políticos que se libran ahora en Ecuador, Bolivia o Venezuela.

En 2009, la clase política hondureña, aglutinada en los partidos nacional y liberal, organizó un golpe de Estado para destituir mediante el uso de la fuerza militar al entonces presidente Manuel Zelaya. Este acto inconstitucional estuvo motivado por una sospecha jamás demostrada: Mel, como se lo conoce mejor, habría estado preparando un cambio constitucional que le permitiera ser reelegido. En ese momento aprendimos que una Carta Magna puede tener artículos “pétreos”, es decir, cláusulas que no pueden ser modificadas. Una de ellas era la prohibición expresa para que ningún presidente pueda prolongar su único mandato ni un solo día más. Atentar contra la alternancia era considerado un delito grave, “traición a la patria”, para ser exactos. Ni el voto casi unánime de la OEA ni Naciones Unidas pudo devolverle el mando a Zelaya. Ese año se impuso el arbitrio de la violencia local por encima de los argumentos universales.

Vistos los resultados, llegamos a la convicción de que en Honduras jamás un presidente en funciones competiría por el favor electoral de los ciudadanos, hasta que en 2016 una hilera de oscuras maniobras legales dio paso a la inscripción de Juan Orlando Hernández como aspirante a la reelección presidencial. Lo sorprendente del caso es que en diciembre de 2016 Luis Almagro, secretario general de la OEA, recibió una carta en la que un colectivo ciudadano de ese país centroamericano le solicitaba que inicie el estudio del atropello perpetrado por una pandilla de jueces supremos. Un mes y cuatro días después, Almagro aterrizaba en Tegucigalpa para firmar un proyecto orientado a combatir la corrupción. Ni una palabra salió de su Twitter ni de su boca para condenar, como lo hizo con Bolivia hace poco, la manipulación de las instituciones judiciales utilizadas con el fin de abrir las puertas a una ilegal reelección presidencial. Almagro se ha colocado del lado de quienes abominan la perpetuación de un líder en el poder, pero solo lo ha hecho cuando se trata de figuras de izquierda. En Honduras prefirió agachar la cabeza y promover el doble rasero.

En medio de la beligerancia de Almagro con Venezuela, éste trabó amistad con el expresidente Tuto Quiroga, con quien coincidió en el frente continental para destronar a Maduro. Quizás por eso, a la hora de designar un observador para los recientes comicios en Honduras, optó por Quiroga.  El tiro le salió por la culata. En un informe técnico impecable, Tuto declara inciertos los resultados electorales, hace un recuento de groseras anomalías, pide un recuento de todas las actas y, lo más importante, condena diplomáticamente la práctica de cambiar Constituciones por la vía judicial, ignorando la consulta popular.

De ese modo Quiroga no solo le devolvió la credibilidad perdida a la OEA, sino que reforzó su prédica anti-reeleccionista de cara al escenario boliviano de 2019.

Tras leer su informe de la misión de observación, se puede decir sin temor que cambiar las prohibiciones expresas de una Constitución mediante enjuagues judiciales es deplorable, venga de quien venga. De modo que si en 2019 la OEA nos envía una misión de observación electoral, ésta bien podría usar el informe Quiroga como fuente de inspiración necesaria.   

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