Columnistas

Orgullo y derechos

La comunidad LGBT de Bolivia tiene mucho que celebrar y a la vez mucho por qué seguir luchando

La Razón (Edición Impresa) / Verónica Córdova

00:00 / 02 de julio de 2017

El miércoles celebramos en grande, ese tipo de celebraciones que se hacen cuando se siente la luz llegar, aunque todavía nos rodeen las tinieblas. El tipo de celebración que se acurruca en la garganta, mezclada con lágrimas: todavía no nos tratan como iguales, todavía no somos libres, pero ya se ve a lo lejos señales de que pronto lo seremos.

La comunidad LGBT de Bolivia tiene mucho que celebrar y a la vez mucho por qué seguir luchando. Este 2017 la bandera de las diversidades se ha visto flamear en muchos lugares, algunos impensables hace algunos pocos años. Las instituciones están empezando a abrirse y a hacer realidad inmediata y cotidiana el mandato de la Ley de Identidad de Género, otro gran motivo de celebración para la comunidad transexual y transgénero. La marcha que celebra la diversidad sexual cada año se visibiliza cada vez más, y con mayor apoyo ciudadano expresa su orgullo: el orgullo de decirle al mundo lo que se es, de vivir como se siente adentro, de seguir vivos y ser felices, y no haber permitido que los encajonen, ni los degraden, ni los sigan escondiendo.

Pero esos momentos de orgullo y celebración no bastan para desaparecer los muchos otros momentos de rabia, impotencia y humillación que todavía vive la comunidad LGBT el resto del año. Sigue siendo uno de los grupos más maltratados y discriminados en la sociedad, y también al interior de las familias, que es donde más duele. Sigue siendo el grupo más desamparado a la hora de buscar —y de encontrar— justicia y resarcimiento. Sigue siendo el grupo cuyos derechos humanos se violan más sistemáticamente.

De hecho, es el único grupo en la sociedad cuyos derechos humanos más básicos y fundamentales se niegan en nombre de la religión, de la tradición o de no sé qué valores. La comunidad LGBT es la única a la que el Estado le niega el derecho a elegir a quién amar y con quién compartir vida y bienes; el derecho a construir juntos y heredarse uno al otro el fruto de su trabajo; el derecho a formar una familia, si así lo deciden. Son derechos tan elementales, tan sensibles y tan personales que su negación no puede sostenerse indefinidamente, a pesar de toda la presión que ejerzan quienes se oponen a lo que la Constitución afirma: que todos tenemos derechos iguales, independientemente de nuestras diferencias.

Puedo entender que existan personas y grupos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, por razones religiosas o por cualquier otra. Esas personas están en su total y completa libertad de oponerse, pero no por ello pueden impedir que dos personas que se aman y deciden casarse lo hagan, en uso de su total y completa libertad e independientemente de su sexo. El árbitro en este tipo de situaciones es el Estado, que garantiza que el derecho de uno no afecte el derecho del otro. Y el Estado tarde o temprano va a tener que cumplir con su obligación de garantizar derechos iguales a ciudadanos iguales.

La Plataforma por la Vida, que agrupa a una serie de organizaciones religiosas, esta semana ha manifestado su oposición al resquicio legal que permite el matrimonio civil de personas transgénero, y ha declarado también que están orando para que la Ley de Identidad de Género se derogue. Eso está muy bien: la función de los grupos religiosos es orar y generar un espacio de comunicación con Dios para sus fieles. La función del Estado es legislar y generar espacios de igualdad de derechos para los ciudadanos, independientemente de su raza, género, credo o preferencias sexuales. Ambas funciones no deben confundirse.

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