Columnistas

Ortega, Murillo y la memoria de la dictadura

La rueda de la historia está volviendo a un punto de partida que creíamos enterrado.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos F. Chamorro

00:24 / 07 de agosto de 2016

Para los nicaragüenses que crecimos bajo la sombra de una dictadura dinástica, bautizada por mi padre como “la estirpe sangrienta de los Somoza”, el nombramiento de la esposa de un gobernante autoritario como candidata a vicepresidenta tiene la resonancia inevitable de un pasado funesto. Con Daniel Ortega y Rosario Murillo, la rueda de la historia está volviendo a un punto de partida que creíamos enterrado —la sucesión familiar para perpetuarse en el poder— después de casi cuatro décadas de revolución, contrarrevolución, transición democrática y ahora regresión autoritaria.

La historia de Nicaragua en el siglo pasado estuvo marcada por el dominio de la dictadura dinástica de la familia Somoza y el sacrificio de varias generaciones de patriotas que entregaron sus vidas para erradicarla. Durante 45 años tres Somoza, Anastasio I, y sus hijos, Luis y Anastasio II, se sucedieron en el poder, con el paréntesis de otros mandatarios que no escaparon al control político y militar de la familia gobernante. El régimen somocista propició algunos períodos de crecimiento económico y modernización, a costa de pobreza masiva y profunda desigualdad social. Mientras en el ámbito político, con el sustento de una guardia pretoriana y el apoyo incondicional de Estados Unidos, cerró todos los espacios a la competencia democrática, dejando como única salida la rebelión y en su última etapa gobernó primordialmente con base en la represión y el genocidio.

La revolución sandinista que triunfó en 1979, como resultado de una amplia alianza nacional e internacional liderada por el Frente Sandinista, desalojó al somocismo del poder y se propuso grandes metas de democratización y justicia social, bajo un régimen de orientación socialista. Pese a los extraordinarios avances sociales y políticos que se realizaron en los primeros años, la revolución se vio frenada por la agresión externa y por sus propios errores, intrínsecos al modelo revolucionario de poder total, hasta que la guerra provocó el descalabro completo de la economía.

El Frente Sandinista perdió las elecciones de 1990 y entregó el poder por los votos al gobierno presidido por mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, en un evento inédito de nuestra corta vida democrática. En ese complejo proceso de transición de la guerra a la paz y de una economía centralizada a otra de mercado, que perduran hasta hoy, se impulsaron también profundos cambios políticos institucionales. El Consejo Supremo Electoral emergió como la institución con mayor credibilidad del país, mientras que el Ejército y la Policía se despolitizaron y se profesionalizaron, convirtiéndose en verdaderas instituciones nacionales. En 1995, para afianzar el régimen de división y contrapesos entre los poderes del Estado, una reforma constitucional le devolvió facultades al Parlamento para limitar el presidencialismo, y para conjurar los demonios del pasado se establecieron regulaciones estrictas, limitando la reelección presidencial a un período no consecutivo de gobierno.

Estas garantías democráticas institucionales empezaron a descarrilarse con el descrédito de la corrupción y el pacto de los caudillos (el entonces presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega como líder de la oposición entre 1999 y 2000), que impuso el reparto bipartidista de los poderes del Estado, reduciendo además el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia en primera vuelta con el 35% de los votos.

Así regresó al gobierno en 2007 el comandante Daniel Ortega. Con el 38% de los votos instaló un régimen personalista y concentrador de todos los poderes del Estado, que maneja como una extensión política de su partido. Ortega se afianzó en el poder a través del fraude electoral; demolió las instituciones democráticas y ha gobernado combinando cooptación, represión, el control de los medios de comunicación y las alcaldías; y manteniendo una lucrativa alianza económica con el gran capital. En 2011, impuso de forma inconstitucional su primera reelección consecutiva, y en virtud de otro fraude electoral que le dio mayoría calificada en el Parlamento, reformó la Constitución tres años después para establecer la reelección indefinida.

En el último capítulo de su deriva autoritaria, conculcó el derecho a la observación electoral independiente y otra vez, como Somoza, ha cerrado todos los espacios políticos democráticos, al extremo de que en las próximas elecciones del 6 de noviembre está prohibida por ley la participación de la oposición. El nombramiento de su esposa como candidata a vicepresidenta del FSLN no ha sido, por lo tanto, una sorpresa para nadie en Nicaragua. Es la consecuencia natural de un régimen familiar que vació de contenido político al partido Frente Sandinista, eliminando de manera implacable a sus competidores internos, hasta convertirlo en una maquinaria que rinde culto a la pareja presidencial. El orteguismo, ha dicho con acierto la exguerrillera Dora María Téllez, “es un parásito que se chupó al Frente Sandinista”.

Actúa también como una maquinaria de poder económico controlada por la familia gobernante, que ha usufructuado el desvío ilegal de más de 3.500 millones de dólares de la cooperación venezolana, que se manejan sin ninguna clase de rendición de cuentas a través del gigantesco consorcio Albanisa y otras actividades privadas lucrativas. ¿Acaso la flamante fórmula presidencial Ortega-Murillo que gobierna en nombre de los pobres se atreverá a presentar una declaración de probidad sobre su patrimonio familiar y someterla a un escrutinio independiente? No puede ni lo hará jamás, porque el derroche, la corrupción, la opacidad y falta de transparencia representan los rasgos esenciales de este binomio político que pretende eternizarse en el poder.

Durante la ceremonia de inscripción, Ortega y Murillo intentaron justificar el ostentoso acto de nepotismo y sucesión familiar, presentándolo como un reconocimiento a los derechos de la mujer bajo su gobierno. Pero la evidencia cotidiana demuestra que aunque la ley haya ampliado espacios de representación, bajo el régimen Ortega-Murillo las mujeres más bien han perdido derechos políticos y sociales como ciudadanas, empezando por la penalización del aborto terapéutico, y siguen siendo víctimas de la violencia y el maltrato desde el poder, ante la indolencia del Estado. El alegato a favor de los derechos de las mujeres luce más bien como una burla para encubrir la persistencia del caudillo autoritario que pretende gobernar sin ninguna clase de contrapeso, ni siquiera dentro de su propio partido, y se refugia en su familia y su esposa como último y único reducto de lealtad. Finalmente, Rosario Murillo, quien ha venido jugando un rol de copresidenta, ahora se ha colocado en la línea constitucional de sucesión del poder.

En la historia de América Latina solo se registra un caso similar de otro matrimonio que llegó al poder como fórmula electoral. En Argentina en 1973 el general Juan Domingo Perón regresó del exilio y ganó la presidencia con su segunda esposa María Estela (Isabel) Martínez de Perón como vicepresidenta. Al morir el caudillo un año después, Isabel asumió la presidencia en 1974 y fue derrocada en 1976 por un levantamiento militar, que desembocó en la peor dictadura militar que padeció esa nación hasta 1983.

En Nicaragua es muy temprano aún para pronosticar cuál será el futuro de la sucesión familiar en el poder y si logrará imponerse una dictadura dinástica. Estamos ante un nuevo escenario que, en primer lugar, representa un desafío político para las fuerzas que dentro del Frente Sandinista aún se resisten al control familiar en el partido. En cuanto al mensaje que ha enviado a la nación, tiene la virtud de que se ha escuchado alto y claro. Se cayeron todas las máscaras que ocultaban el rostro autoritario de Ortega y Murillo y su proyecto dinástico. Al pueblo le toca ahora recuperar un arma poderosa: la memoria histórica de la dictadura.

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