Columnistas

Pacto fiscal

Quien lleva puesta la camiseta no está en condiciones de ofrecer el micrófono al jugador adversario.

La Razón (Edición impresa) / Lourdes Montero

03:24 / 27 de mayo de 2013

Durante todo este año hemos escuchado hablar de la necesidad de un nuevo pacto fiscal, y la mayoría de las personas, al referirse a este tema, sólo tienen en mente la necesidad de discutir las transferencias por coparticipación tributaria en relación con el número de habitantes que muestran los datos del último censo de población. Limitar el pacto fiscal de esta manera es una bomba de tiempo. Ninguna región aceptará la reducción de sus recursos —muchos de ellos ya comprometidos en salud y educación— y, por ejemplo, Santa Cruz y El Alto atribuirán todos sus males a la supuesta injusta distribución de los recursos fiscales. Nuevamente veremos renacer los conflictos interregionales, como el forcejeo de hermanos avaros que disputan las joyas de la abuela.

Y las joyas de la abuela tienen un nombre: Impuestos a los Hidrocarburos. Los gastos estatales se basan no en la riqueza producida por las personas, su creatividad, productividad o innovación tecnológica, sino en la renta que nos genera la extracción de los recursos naturales. En la actualidad, nuestro sistema redistributivo se basa en la Ley de Participación Popular, que reparte entre el Gobierno central, municipios y universidades toda la recaudación por los impuestos a la renta (IVA, IT y otros) y la Ley de Hidrocarburos, que comparte entre el Gobierno central, gobernaciones, municipios, universidades, Fondo de Desarrollo Indígena y pago de la Renta Dignidad el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

 Centrarnos solamente en discutir la distribución de los ingresos es insistir en repartir de manera distinta la misma torta. Pensar en la ampliación del pastel pasa por preguntarnos de dónde sacamos la riqueza que queremos distribuir. Los comensales siempre estarán hambrientos y la fórmula aplicada hasta hoy (número de habitantes y región productora de hidrocarburos) es insuficiente. Necesitamos poner sobre la mesa cuando menos un nuevo tema: reforma de la política tributaria, que nos llevaría a pensar cómo ampliamos esa preciosa torta a la que todos queremos hincarle el diente.  

Con el fin de ser capaces de obtener los recursos suficientes para garantizar ese Estado fuerte y redistributivo que todos queremos, Bolivia necesita recaudar más impuestos, y debemos hacerlo con impuestos progresivos y justos. Hasta ahora, nuestra política tributaria ha tenido un impacto negativo dado el gran énfasis puesto en impuestos indirectos regresivos como el IVA, y los extensos incentivos fiscales (formales o informales) para quienes hoy generan más ganancias. Claramente hay una necesidad urgente de que logremos un aumento en la capacidad de recaudación vía impuestos, pero es igualmente esencial que el sistema tributario se diseñe siguiendo un marco progresivo y analizando su capacidad redistributiva.

Para esto es esencial analizar quién paga, sobre qué se paga y cómo se paga en concepto de impuestos. La política tributaria puede tener un enorme impacto en la desigualdad, y este impacto será positivo o negativo en función de las características de la política tributaria que un país decida poner en marcha. Por ello, hablar ahora de pacto fiscal es retomar el concepto de bien común que nos fue tan útil al redactar la nueva Constitución Política del Estado. Los impuestos están en el corazón del contrato social entre los ciudadanos y su gobierno, por lo tanto, la tributación progresiva es fundamental para la creación de un Estado fuerte, democrático y eficaz.

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