Columnistas

Paso al frente

Una Bolivia enclaustrada representa un serio escollo para los intereses regionales

La Razón / Foro - Flavio Machicado Terán

00:23 / 27 de agosto de 2012

Arica-La Paz: un trazo trascendental sobre el mapa. Un intercambio comercial pujante debiera reflejarse sobre el pergamino, para hacer justicia al compromiso moral de acercar a los pueblos y, sobre todo, cumplir con un acuerdo firmado en 1904. A principios del siglo XX, Chile se comprometió a desarrollar ese ferrocarril.

Pero tinta seca sobre un documento a punto de cumplir  un siglo de vida es tinta amarga, convertida en trazos insignificantes sobre un pliego condenado al olvido. A tiempo de forjar una estrategia nacional que logre para Bolivia su añorada reivindicación marítima, un componente del Tratado de 1904 debería resaltar: el ferrocarril Arica-La Paz.

El Tratado de 1904 establece que el Gobierno chileno debe financiar la construcción de un ferrocarril Arica-La Paz (Art. III); y que “Chile reconoce en favor de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (Art. VI). Pero incluso el cumplimiento del Tratado jamás exonera a Chile de su vejamen, ni priva a Bolivia de su derecho a una salida al mar. El Tratado de 1904 fue, después de todo, una artimaña poco patriótica de la oligarquía minera boliviana, que con tal de exportar sus minerales pusieron a Bolivia en una pésima posición.

El transporte pesado meses atrás vivió una violación de este Tratado en Tambo Quemado, dejando en claro que Chile no se digna a cumplir a cabalidad dos preceptos básicos del infame Tratado. Según el canciller Choquehuanca, “Desde 1996 ya no pueden trasladarse los pasajeros y desde el 2002 ya no podemos trasladar carga” por vía férrea. El Protocolo de 1907 establece como legal un arbitraje internacional, toda vez que declara a Bolivia como parte demandante y a Chile como demandado. Esta previsión legal abre las puertas para que la usurpación de nuestro mar pueda ser ventilada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya; una opción validada por el Pacto de Bogotá, firmado entre Bolivia y Chile en 1948.

Los recursos jurídicos arriba mencionados son fundamentales, pero estratégicamente no son suficientes. Al dar un paso atrás en el uso de la diplomacia bilateral, estamos obligados a dar zarpazos legales, por pequeños que los triunfos puedan parecer. Una demanda ante instancias internacionales cobra mayor validez cuando el demandante logra establecer que la conducta del demandado carece de integridad y consecuencia. Bolivia necesita exitosamente esclarecer dos aspectos históricos: el desvío unilateral del río Lauca que condujo a la explotación ilegal de las aguas del Silala y el actual desmantelamiento de la vía Arica-La Paz.

A tiempo de establecer la victoria sobre Bolivia como “ley suprema”, un enviado diplomático chileno (Abraham Koening) declaró que Chile se guardaba nuestro Litoral “porque es rico”. Abraham hablaba hace un siglo, cuando aún imperaba entre naciones la ley de la selva y Chile tenía interés en conservar nuestro tesoro “porque valía millones”. Muchas décadas después, los pueblos de Arica (1994) y Antofagasta (2000 y 2008) protestaron su abandono por parte de Santiago, izando banderas bolivianas. Nuestro Litoral para Chile ya no vale tanto.

Ahora Arica sobrevive en gran parte gracias al turismo colla. El futuro de la abandonada región que es nuestro Litoral está intrínsecamente unido al desarrollo del intercambio comercial, que únicamente será posible con una línea de ferrocarril moderna. Necesitamos trazar la visión que una Bolivia enclaustrada, desmantelado su nexo al Pacífico, es un paso hacia atrás para los intereses regionales, entorpece la integración y creación de empleos en el desierto de Atacama y viola el Tratado de 1904.

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