Columnistas

Periodismo masoquista

No hay poderoso en el país que no intente, o por lo menos sueñe, con acabar con la  Ley de Imprenta

La Razón (Edición Impresa) / Freddy Morales

00:59 / 23 de agosto de 2014

De tanto en tanto, no deja de sorprender que algunos medios de comunicación o periodistas intenten abrir compuertas para que la Ley de Imprenta sea modificada en la Asamblea Legislativa. Los argumentos son archiconocidos: Que cómo pues vamos a continuar con una ley tan vieja (19 de enero de 1925); es tan vieja que ni menciona las nuevas tecnologías (radio, televisión, internet, Facebook, Twitter, etcétera); no puede haber tribunales especiales; qué chistoso eso de los días de multa...

No deja de sorprender que haya periodistas que se burlen de la Ley de Imprenta para promover su modificación, o modernización, como también señalan. En la década de los 90 hubo periodistas que hicieron una “consulta” nacional para promover la modificación de la Ley de Imprenta, lo que derivó en una histórica cumbre del sector realizada a orillas del lago Titicaca, donde todas las organizaciones del país que tienen que ver con el tema declararon “patrimonio” al “vetusto” documento y se comprometieron a mantenerlo vigente. En esa consulta se usaron los argumentos ya señalados, que no son otra cosa que burda manipulación, como aquella del dictador Hugo Banzer, quien, cuando su régimen tambaleaba, salió a las calles a preguntar al ciudadano: “Y usted qué prefiere: ¿orden, paz y trabajo o caos y anarquía?”. Así de burdo se intenta manipular también para defenestrar la Ley de Imprenta.

Esto de modificar (o como se le quiera llamar el meter mano a la Ley de Imprenta) es una cuenta pendiente que tienen los políticos (poderosos) con los periodistas y los medios de comunicación. No hay poderoso que no intente, promueva o por lo menos sueñe con acabar con la Ley de Imprenta.

En mi experiencia sindical comprobé que hay leyes pensadas específicamente para alguien. Por ejemplo, en los años 90 autoridades legislativas y del Ejecutivo querían terminar con la Ley de Imprenta... “para cerrar la boca a ese tal Carlos Mesa y al cura Pérez”, periodistas que en aquel entonces les incomodaban. El tristemente célebre senador Mario Rolón Anaya (de ADN, partido de Hugo Banzer) llegó al extremo de proponer un proyecto de ley de dos líneas, al que llamamos “Ley mordaza”, porque establecía que todo lo concerniente a la Ley de Imprenta pasaba a jurisdicción de la Justicia Ordinaria.

Uno de los grandes valores de la ley de marras es que crea los jurados de imprenta, constituidos a convocatoria de las alcaldías, integrados por los ciudadanos más notables de la comunidad. De esta manera, un asunto tan importante, tan crucial para una sociedad y un país como es el derecho a la información queda lejos del alcance de las manos de fiscales y jueces ordinarios que pueden y suelen ser susceptibles de soborno o de presión desde el poder político, y lo deposita en la propia comunidad.

Otro acierto de la Ley de Imprenta es que garantiza el secreto de la fuente. Sin esta garantía, no habría periodismo. Muchas personas buscan al periodista o a los medios para realizar alguna denuncia, que por supuesto debe estar documentada, sustentada para su publicación. La fuente de la información queda protegida y el periodista y el medio en el que trabaja asumen la responsabilidad. Al respecto, la Ley de Imprenta señala que el editor o impresor que revelare a una autoridad política o a un particular el “secreto del anónimo”, sin requerimiento de juez responsable, “es responsable como delincuente con la fe pública”. Es decir que ni el director ni el jefe de redacción ni el editor pueden traicionar al periodista o a su fuente sin pasar a la categoría de delincuentes.  Principio suficiente para defender a la vieja ley.

Lo único garantizado es que ninguna modificación a la ley que regula la labor periodística en el país será favorable al derecho a la información. Por eso no se entiende el masoquismo de algunos periodistas que dicen no temerle a la modificación, que son tan pulcros y responsables en su trabajo que no tienen por qué temer. Que, ¿creen estar por encima del poder del dinero y del poder político? Qué soberbios, creen que la ley es de y para ellos y no una garantía del derecho a la información que tiene la sociedad.

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