Columnistas

Personas con discapacidad

Actualmente es clave tener el carnet de discapacidad, que es el único documento garante de derechos.

La Razón (Edición Impresa) / Xavier Albó y Adrián Pérez

03:47 / 24 de abril de 2016

Desde hace semanas un grupo creciente de personas con discapacidad está marchando hacia La Paz, en medio de serias dificultades por su condición y por el clima lluvioso. La población y los medios se solidarizan con ellos, pero el Gobierno es reacio a su demanda central de un bono de Bs 500 mensuales, por considerarlo “insostenible”.

Personas con discapacidad, ésta es la definición hoy considerada correcta. Resalta que se trata de personas que tienen todos los derechos humanos y sociales reconocidos por la Constitución Política del Estado y demás convenios internacionales. Pero lo son con discapacidad, deficiencias que al interactuar con un entorno social y físico desfavorable los pone en desventaja para defender sus derechos. Pueden desarrollar mejor otras capacidades y tener un gran potencial productivo, aunque la sociedad no lo perciba así.

Los Bs 500 mensuales que reclaman pueden ser un buen paliativo, mucho mejor que los Bs 1.000 anuales que les reconoce el DS 1133, conseguido con la marcha que entonces se realizó bajo el liderazgo del controvertido Jaime Estívariz, un narcotraficante que quedó parapléjico en un enfrentamiento con la Policía y que fue diputado con el Plan Progreso de Bolivia (PPB) de Manfred Reyes Villa (2009-14). La marcha actual es más genuina y merecería una mayor atención, aunque convendría ampliar y diferenciar mejor su pliego. Por falta de espacio, nos concentraremos en dos temas centrales: el carnet y el derecho al trabajo, sin entrar en otros temas como la educación de la sociedad, la salud, la arquitectura de edificios y calles, etc.

Actualmente es clave tener el carnet de discapacidad, que es el único documento garante de derechos, por ejemplo, a la atención médica gratuita, salvo para terapias más costosas y continuas. Ese carnet define porcentualmente el grado de discapacidad de cada persona: leve, moderada, grave y muy grave; solo las dos últimas categorías son beneficiarias del bono por tener más de 50% de discapacidad calificada. Pero conseguir ese carnet es costoso, lento y sesgado por diversos intereses burocráticos, aunque sigue siendo la puerta para la mayoría de los servicios.

Hasta 2015 los registrados con carnet eran 6.136 personas con discapacidad múltiple; 4.898 con la sensorial (ciegos y sordos), 11.060 con la intelectual; y 12.578 con la física, sumando algo más de 35.000 personas, número bastante menor al estimado por un informe de las Naciones Unidas, que estima que entre el 8 y el 10% de la población en Bolivia tiene alguna discapacidad. Esta calificación porcentual no siempre traduce la realidad de la persona. Tampoco valora las habilidades, experiencias y potenciales, algo clave para su inclusión laboral.

El derecho al trabajo es un elemento estructural básico. Por el DS 29608 de 2008, cada institución pública debe contratar a personas con discapacidad, incluidos padres, madres y tutores cuando corresponda, en un mínimo de 4% del total de su personal. La Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento al cumplimiento de lo normado, con resultados negativos. El Ecuador, que durante años tuvo a un vicepresidente con discapacidad, puede darnos pistas adicionales. Por ejemplo, descuenta impuestos o sanciona al sector privado según el cumplimiento de esa norma.

Nuestro Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, administrado por el Ministerio de la Presidencia, tiene la tuición de crear proyectos a favor de personas con discapacidad, como puestos de venta y unidades productivas, con resultados aún no verificados. Es tiempo para dialogar sobre todo esto. 

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