Columnistas

Pobreza y destrucción de recursos naturales

Los gobiernos son responsables de la desertificación al dotar tierras sin criterio técnico ni apoyo posterior

La Razón (Edición Impresa) / Wolf Rolón Roth *

23:43 / 28 de diciembre de 2019

Los incendios de la Chiquitanía han puesto de relieve que la distribución de tierras no puede seguir desconectada de la extensión agrícola ni de un apoyo integral al pequeño agricultor. Los gobiernos son responsables de la destrucción de recursos naturales al dotar tierras sin criterio técnico ni apoyo posterior, en actitudes populistas y clientelistas.

El acceso a la tierra sin posibilidades de inversión obliga a sobreexplotarla para subsistir. Carentes de servicios de extensión agropecuaria, los agricultores pobres están obligados a sobrellevar la permanente amenaza del hambre y la migración, siendo muchas veces presa fácil de traficantes que los inducen a prácticas ilegales de comercio de tierras y productos del bosque.

No se puede pedir a un campesino que invierta en análisis de suelos, y menos en reponer nutrientes, cuando apenas tiene recursos para subsistir; que adopte sistemas agroforestales, cuando hace un esfuerzo enorme para sobrevivir en el monte. Estas y muchas otras son labores que debe encarar el Estado como parte de una política integral de desarrollo agropecuario. Pero en Bolivia, los innumerables proyectos de apoyo al agro han sido siempre dispersos y coyunturales, jamás integrados a una política de Estado continua.

Esta errante improvisación a lo largo de nuestra historia, a través de entidades que fueron centros de clientelismo político en vez de instituciones de investigación y transferencia (IBTA, SIBTA, INIAF), condujo al minifundio y al abandono de áreas rurales, fortaleciendo un enorme sector terciario informal, y provocando una gran migración de la zona templada al trópico. Ha llevado al agotamiento de suelos, a la contaminación de fuentes de agua, a la reducción de la biodiversidad y a un desorden total de ocupación de tierras. Resulta, por lo tanto, imprescindible un ordenamiento territorial que permita demarcar hasta dónde pueden llegar todos los involucrados aplicando prácticas productivas sostenibles.

Nuestro país tiene 110 millones de hectáreas de extensión, de las cuales solo 12 millones son aptas para agricultura en base a su vocación productiva y los planes de uso de suelo definidos en 1994 (Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004). No son viables económica ni ambientalmente los asentamientos agropecuarios que están fuera de esta superficie. Hasta el año pasado, en estas 12 millones de hectáreas solo 3,7 millones tenían cultivos en producción, lo que significa que no hay razones para ampliar la frontera agrícola sobre zonas forestales sin aptitud agropecuaria.

El país cuenta además con 10 millones de hectáreas de praderas naturales con aptitud ganadera en los que no existen suelos aptos para agricultura, y cuyos bosques son fundamentales como sitios de servidumbre ecológica. Hasta ahora se han desboscado 6,7 millones de hectáreas de esta superficie (Fundación Amigos de la Naturaleza), lo que significa que hay 3 millones de ha de producción indefinida, barbechos, especulación de la tierra, etc.

La tarea consiste, entonces, en definir geográficamente las áreas ocupadas y en establecer mecanismos de reasentamientos de agroindustria y pequeños agricultores que están en áreas no aptas para agropecuaria. Una vez reordenado el territorio podremos incrementar la productividad dirigida al mercado externo en base a tecnología e inversiones y cumpliendo normas medioambientales, lo que permitirá cambiar la matriz económica nacional para depender cada vez menos de hidrocarburos y minería.

* es ingeniero agrónomo especializado en Desarrollo Rural.

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