Columnistas

Políticas públicas y contrataciones estatales

La informalidad deviene por el proceso de migración y la flexibilidad laboral propia de este sector

La Razón (Edición Impresa) / Steve Gerson Mendoza Fernández *

00:19 / 13 de abril de 2017

Las contrataciones estatales dentro de la gestión pública se han constituido en un mecanismo muy eficiente para el desarrollo de la actividad empresarial en los países de la región, y Bolivia no ha sido la excepción para la aplicación de este tipo de políticas económicas.

En el caso boliviano, este aspecto resulta particularmente interesante, ya que el sector empresarial está conformado casi en su totalidad por micro y pequeñas empresas (mype), y dentro de este sector la mayoría es informal. Bajo estas consideraciones, la solución resulta evidente. El Estado debe contratar bienes y servicios de las mype. Sin embargo, esto no resulta tan sencillo, debido a la informalidad del sector.

El problema de la informalidad puede atribuirse a diferentes factores como ser el normativo, la falta de una institucionalidad fuerte de apoyo y el desconocimiento de los beneficios de la formalización. Según un estudio de la CEPAL, las causas de la informalidad devienen por el proceso de migración, ocasionado por el incremento de la urbanización; y la flexibilidad laboral característica de este sector, que atrae a un 65% de los trabajadores; entre otros aspectos.

Según datos del INE, en Bolivia las micro y pequeñas empresas suman 216.064 unidades, el 93% del total de las empresas del país. Estos datos están muy por debajo de los obtenidos por otros estudios no oficiales realizados por los gremios del sector, que estiman unas 800.000 mype en Bolivia. Con relación a estos datos y considerando la política económica del Gobierno de impulsar la demanda interna, a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) aplicó una serie de políticas de carácter vertical dirigidas a apoyar a las mype. Entre éstas se pueden destacar la aplicación de márgenes de preferencia y reducción de los costos hasta un 50% de las garantías financieras que respaldan el cumplimiento de los contratos con el Estado.

Sin embargo, la informalidad no permite una completa efectividad de las referidas políticas, ya que solo una pequeña parte de las mype se beneficia con estas medidas. Este aspecto se puede evidenciar en los datos de Pro-Bolivia, que hasta la gestión 2016 acreditó, para poder participar en procesos de contratación, a 5.110 microempresas y a 1.082 pequeñas empresas, que representan tan solo el 3% del total de empresas, según datos del INE y un 0,8% según estimaciones no oficiales.

Ante este panorama adverso, se debe destacar que la actual gestión de gobierno, consciente de la predominancia del mercado informal, está apostando por la generación de políticas de tipo horizontal que tienden a minimizar las desigualdades naturales del mercado, con el fin de facilitar el acceso de las mype a las compras públicas. En este sentido, podemos destacar los decretos supremos 2294 y 2471, que posibilitan a los gobiernos autónomos municipales más pequeños del país las contrataciones a proveedores no comerciales locales, beneficiando de esta manera la economía local de los municipios alejados de las grandes urbes del país. La referida medida buscó disminuir y flexibilizar los requisitos en cuanto a la formalización de los proveedores, y actualmente está teniendo interesantes resultados como mecanismo de apoyo a las mype. Por dar otro ejemplo, se debe destacar el creciente acceso a la información que se evidencia a través de la mejora de la plataforma del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) o el uso del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), instrumentos que facilitan la presentación de propuestas de manera general y disminuyen la carga administrativa de los proponentes; lo que se traduce en un apoyo efectivo a la economía nacional.

* es abogado, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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