Columnistas

Presidente con licencia para matar

Lo singular en el caso francés es el ampararse en justificaciones morales para ordenar esos asesinatos.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Antonio Carrasco *

00:28 / 14 de enero de 2017

Mientras las cortes israelíes debaten la suerte que correrá el soldado judío Elor Azaria (20), por rematar a un activista palestino inerme, el ilustre vespertino Le Monde publica en París reseñas de fuentes autorizadas que dan cuenta de cómo el presidente François Hollande autoriza la “ejecución selectiva” de terroristas que operan en el extranjero.

Esas puniciones, para efectos de registro, adoptan eufemismos tales como “neutralización de objetivos estratégicos”, “eliminaciones marcadas” o más francamente “operaciones homo (apocope de homicidio)”. Además, en la jerga de inteligencia se emplean anglicismos como High Value Targets (HVT) o High Value Individuals (HVI).

Toda esa terminología disfraza una misma determinación: la pena de muerte extrajudicial contra ciertos enemigos de la República.

Aquel castigo letal es atributo exclusivo del Jefe de Estado, quien, para seguir la norma, recibe informes de los servicios secretos como la Dirección General de la Seguridad Exterior (DGSE) o la Inteligencia Militar (DRM), en los que figuran los nombres de los futuros objetivos, añadiendo el motivo para su indispensable “neutralización”.

Estas tareas no son nuevas y se usaron frecuentemente durante la Guerra Fría, tanto de la parte de las agencias soviéticas como de las norteamericanas.

Asimismo, pero con mayor sutileza, el MI5 británico y los servicios parisinos acudieron a aquellos extremos para preservar sus intereses nacionales. Lo singular en el escenario francés es ampararse en justificaciones morales para llevar adelante esos asesinatos, y entre otras se cita el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que alude al derecho de la legítima defensa en caso de una agresión armada.

En efecto, los repetidos atentados terroristas perpetrados en el hexágono, inspirados o comanditados por el Estado Islámico o por Al-Qaida, están insertos en sus funestos mensajes que literalmente incitan a “matar franceses” por cualquier medio. Ante esas inminentes amenazas, interferencias cibernéticas y agentes encubiertos lograron con increíble precisión identificar a los más fanáticos enemigos del país galo, y entre ellos, a quienes ordenaron las acciones terroristas.

Una vez que se ubica el blanco, se planifica la medida a seguir, sea por bombardeos abiertos o por drones teleguiados, y así habitualmente los adversarios marcados son destrozados en sus automóviles, en sus escondrijos o en alguna reunión propicia. Pero estos asesinatos tienen y deben ser autorizados por el Presidente de la República en una reunión expresa y confidencial con los ejecutivos de la DGSE. En sorprendentes declaraciones (27 de agosto de 2015) François Hollande, no sin cierta ingenuidad, confiesa que “si hubiese un acto de cierta importancia y tuviésemos la prueba que ha sido digitado desde el exterior, no soslayaremos un golpe quirúrgico a un sitio, afirmando ‘ahora, es necesario vengarse’…”.

Nótese que la presencia francesa no solo está concentrada en Medio Oriente, sino también en el Sahel africano, región que alberga guarniciones castrenses especialmente en Mali, donde tropas francesas sufrieron ataques y secuestros orquestados por la guerrilla nómada del Boko Haram.

Sin embargo, esas acciones corren el riesgo de provocar daños colaterales en la población civil, lo cual perjudicaría irreparablemente la imagen de Francia.

Otro aspecto que preocupa por su complejidad es el hecho de que muchos combatientes del Estado Islámico son ciudadanos franceses o poseen la doble nacionalidad. Ese factor estaría en falta con el ordenamiento jurídico interno, toda vez que el Estado no puede ejecutar extrajudicialmente a sus propios habitantes, así sean éstos reconocidos enemigos del país.

En suma, serios sectores de opinión piensan que la licencia para matar es una responsabilidad de mucho cuidado que no puede descansar en una sola persona, aunque sea el Jefe de Estado. En este sentido, se sugiere incorporar a ese poder de decisión a algún representante parlamentario.

* es cientista político y miembro de la Academia de Ciencias de Ultra-mar de Francia.

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