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Presos, indulto, seguridad

Los beneficios para indultar a reos en condiciones vulnera-bles ya están establecidos en la ley

La Razón / Tomás Molina Céspedes

00:30 / 21 de agosto de 2012

En respuesta al incremento de la violencia y el delito, el Gobierno acaba de promulgar importantes leyes en materia de seguridad ciudadana, como son las leyes del Ministerio Público, contra la Trata y Tráfico de Personas, de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y el de Seguridad Ciudadana. Pero paralelamente, cuando aún no han terminado siquiera de divulgarse dichas leyes, la prensa informaba que “el Gobierno acepta conceder indulto a 5.000 reclusos”, lo que contradice, desnaturaliza y anula todo el esfuerzo legislativo antes indicado para proteger a la sociedad del delito.        

Según estadísticas internacionales, Bolivia es uno de los países con menos presos en la región y el mundo. Por cada 100 mil habitantes hay 115 presos; mientras en Chile, por ejemplo, hay 370 y en los EEUU, 930. Entonces, en tales condiciones, liberar a 5.000 reos de golpe es un ataque aleve a la sociedad en su conjunto.

En nuestra legislación, el indulto es un beneficio constitucional extraordinario, y de ninguna manera puede servir de instrumento para vaciar las cárceles. Durante el último indulto concedido en 1995, por la Ley 1679, en todo el país fueron exonerados 51 condenados y procesados. Por otra parte, los beneficios para condenados mayores de 60 años, internas embarazadas, enfermos terminales y con VIH/Sida se hallan claramente regulados en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley 2298 y en su reglamento.

Entonces, no hay que inventar nada para indultar a  los reos que están en condiciones de vulnerabilidad, todo está en la ley; y para otorgar estos beneficios simplemente se debe cumplirla. Por otra parte, por los beneficios existentes, no hay presos con penas menores a tres años. 

¡Que las cárceles están hacinadas y las condiciones de los presos son en extremo deplorables! No lo dudamos. Es una dolorosa realidad que siempre la hemos denunciado y la solución no está en vaciarlas, sino en otorgar un presupuesto digno al régimen penitenciario, y adecuar los recintos penitenciarios a los preceptos de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Según esta norma, una de las más modernas y avanzadas del planeta, las cárceles deben ser verdaderos establecimientos educativos con todo el confort y el equipamiento en educación, salud, deporte, alimentación y seguridad; para que sea posible la rehabilitación de los presos. Simplemente, a manera de ejemplo, señalaremos que Brasil destina el equivalente de $us 50 para la alimentación diaria de cada preso; mientras que en Bolivia no alcanza a un dólar. Esta es la trágica realidad del sistema penitenciario nacional, que siempre ha sido la cenicienta del Estado.   Según la Ley de Ejecución Penal, en cada ciudad deben existir cuatro tipos de establecimientos: 1) Centros de custodia, para imputados; 2) Penitenciarías, para condenados;

3) Establecimientos especiales, para enfermos y 4) Establecimientos para menores de edad imputables. Y, en caso de no existir aún esta infraestructura, dicha ley dice que un mismo establecimiento debe ser subdividido en las cuatro secciones antes indicadas. Nada de lo señalado se cumple y todos los presos (condenados, imputados, enfermos, sanos, jóvenes, viejos, peligrosos, no peligrosos y hasta hombres y mujeres) se hallan amontonados en un mismo ambiente, en condiciones infrahumanas.

En otros países, como España, el personal que vigila las cárceles es altamente especializado, donde hay dos policías o trabajadores penitenciarios por cada recluso. En Bolivia hay un policía por cada 16 reos. Lo que ocurre en nuestro país es que existe un enorme divorcio entre lo que dice la ley y la realidad. Es hora de exigir que se cumpla la ley y no de vaciar las cárceles, poniendo en mayor riesgo a la sociedad.

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