Columnistas

Prevaricación carnavalera

Se ha hecho costumbre que de la audiencia a la prisión preventiva no haya más que un paso

La Razón / José Gramunt / La Paz

00:08 / 19 de febrero de 2012

El jueves pasado, un fiscal de Trinidad convocó a una audiencia cautelar al exgobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori, quien había sido elegido por el pueblo y derrocado abusivamente por el Gobierno central. Como todo el mundo sabe, se ha hecho costumbre que de la audiencia cautelar a la prisión preventiva no haya más que un paso. Con el fin de apoyar con la fuerza pública la ejecución de la mencionada convocatoria, llegó a Trinidad un avión Hércules de la FAB con el cargamento de un fuerte contingente policial. Según todos los indicios, el propósito era asegurar la detención cautelar de Ernesto Suárez, quien —a su vez— había manifestado previamente no tenerle miedo a la cárcel, porque esta pena inicua sería por presiones políticas del Gobierno y “no por narcotraficante, terrorista, por volar torres, por asaltar una universidad ni por matar a nadie” (sic).

El ambiente que se vivió en Trinidad recordaba la ocupación militar de Pando hace cuatro años, y la consiguiente detención de Leopoldo Fernández, gobernador  también elegido por el pueblo y derribado por el Gobierno. El agente que “hizo prisionero” a Fernández fue el entonces ministro de la Presidencia (y ahora por segunda vez) Juan Ramón Quintana.

En Trinidad, a las pocas horas de haber convocado la citada audiencia, el mismo fiscal recusó a la juez que debía entender de la supuesta causa. La audiencia se aplazó para una nueva fecha. ¿Cuál fue el verdadero motivo de esa postergación, dispuesta por una maniobra procesal aparentemente legal? Caben dos hipótesis, a cual más sugestiva, si no pintoresca. ¿Fue para celebrar carnestolendas junto a los joviales benianos o, como parece lo más probable; para reprimir cualquier manifestación popular a favor de Suárez?

El mismo jueves pasado, la comedia político-procesal-carnavalera se representó en Santa Cruz. El Gobernador elegido por el pueblo, Rubén Costas, en este caso no habiendo sido aún derrocado por decisión gubernativa, fue convocado a las audiencias que tenía pendientes. Dichos actos procesales también fueron aplazados para después de carnavales. Naturalmente. ¿Se imaginan ustedes a jueves; fiscales, secretarios y otros funcionarios judiciales recluidos en el palacio de justicia distrital, sin poder participar de los jolgorios de sus fraternidades carnavaleras? Su ausencia podía haber sido causa de un juicio de lesa anticruceñidad.

Por último, el mismo jueves —¡qué coincidencias!— el abogado del expresidente del Senado Nacional de la República de Bolivia Óscar Ortiz presentó un recurso de incompetencia ante un juez de la ciudad de La Paz. El exlegislador recurrente goza del derecho a un procedimiento propio de los altos dignatarios del Estado que fueren acusados de haber cometido algún delito.

En resumidas cuentas, los fiscales y los jueces que pretenden aplicar la detención cautelar de los ciudadanos hasta aquí mencionados presuponen que si no los meten tras las rejas, serán un grave peligro para la seguridad ciudadana, huirán al extranjero, destruirán las pruebas sobre las que se pretende enjuiciarlos o cometerán otras fechorías. Supuesto que éste no es el caso de los tres ciudadanos mencionados, el hecho de presumir su culpabilidad, pasada, presente o futura, por parte de un agente de la justicia, tiene un nombre ominoso: prevaricato.

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