Columnistas

Recorte de pensiones en Grecia

Ante el descalabro económico griego,  las decisiones no vinculantes se convierten en humo

La Razón / Walker San Miguel Rodríguez

03:11 / 14 de diciembre de 2012

Varios países europeos continúan atravesando una crisis económica y financiera de proporciones gigantescas. Los recortes que la Unión Europea (UE) ha impuesto sobre  Grecia para que este país consiga un rescate financiero han afectado con rudeza al erario público. El gobierno de Antonio Samaras ha venido adoptando medidas impopulares por ser de austeridad extrema, una de ellas es la de bajar pensiones a los jubilados.

La “troika” compuesta por  la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) ha impuesto varias exigencias  como requisito para que Grecia acceda a un rescate financiero. Entre ellas se encuentra la reforma del sistema de pensiones que implica, además, la rebaja de los montos que reciben los jubilados. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, máximo tribunal de justicia administrativa en Grecia, ha declarado inconstitucional la reducción de las pensiones colocando así en entredicho las recomendaciones de la troika.

El Tribunal de Cuentas posee facultades consultivas y se pronuncia sobre proyectos de ley que le envía el Gobierno. Precisamente el Ejecutivo había enviado a la consulta su intención de imponer recortes a las pensiones por quinta vez consecutiva y frente a ello el tribunal señaló que “las medidas previstas, como el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la reducción de las pensiones de un 5 a un 10 por ciento, van en contra de la Constitución”. En su opinión, rebajar las pensiones por quinta vez viola una serie de disposiciones y principios constitucionales como los de dignidad individual, igualdad ante la ley y protección del trabajo.

Los fallos consultivos no son vinculantes y el Gobierno griego continuó con su plan de severos ajustes y, a pesar de una huelga general de 48 horas que paralizó el país, el Parlamento aprobó el 12 de noviembre el presupuesto para 2013 con un recorte de 9.500 millones de euros. Los diputados del Parlamento griego se apartaron de la opinión del Tribunal de Cuentas a tiempo que los jubilados afectados por las rebajas a sus pensiones anunciaron recurrir a la Justicia para frenarlas.

El Gobierno de coalición, que nació débil luego de reñidas elecciones, logró apenas la mayoría necesaria para adoptar las medidas que además de los recortes de pensiones implican rebajas salariales y el despido de 25 mil funcionarios públicos.

El 16 de noviembre, el Estado griego devolvió 5.000 millones de euros a sus acreedores internacionales y logró salvar así la inminente suspensión de pagos.  Finalmente, el oxígeno llegó el 27 de noviembre cuando después de 13 horas de discusiones el FMI aceptó desbloquear 43.700 millones de euros de ayuda a Grecia pendientes para cumplir el segundo rescate del país.

Las cifras de la situación griega son demasiado elocuentes: el presupuesto  para el próximo año prevé una caída del PIB del 4,5%;  la economía  se ha contraído el 6,9% en el tercer trimestre de 2012; el paro laboral sigue en alza (25,4% con datos de agosto de este año) y el paro juvenil está en el 58%; la tasa de suicidios e intentos de suicidio aumentó un 37% entre  2009 y  2011.

Ante el descalabro económico griego, las decisiones no vinculantes del Tribunal de Cuentas se convierten en humo que se difumina, al igual que los principios declarativos y protectivos de los trabajadores contenidos en la Constitución griega, que en la práctica son simple papel mojado. 

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