Columnistas

Referendo autonómico para Charagua ya

Hasta ahora el TSE no cumple su labor de organizar los referendos de aprobación de los estatutos

La Razón (Edición Impresa) / Xavier Albó

00:05 / 26 de octubre de 2014

Insisto en un tema para mí crucial que ya tocó Freddy Villagómez en La Razón el domingo pasado, de forma más global. Desde que se promulgó el DS 231 en Camiri el 2 de agosto 2009, en medio de una gran concentración de indígenas de todo el país, Charagua cumplió los requisitos para convocar el referendo solicitado en aquel  decreto; se lo realizó el 6 de diciembre 2009 y lo ganó con 56% de los votos (en realidad 76%, si descontamos a los menonitas que en el censo 2001 constituían ya un 20% en ascenso de la población total y que, teniendo ya su propia autonomía desde antes, decidieron no participar). Desde entonces ha estado trabajando contra viento y marea para su “Autonomía Guaraní Charagua Iyambae (= ‘sin dueño’)”; eligió a 52 representantes, de los que 45 eran de las cuatro capitanías guaraní y los otros siete de los dos centros urbanos, donde está la mayor proporción de población karai.

Fueron innumerables las reuniones y consultas entre ellos y el resto de la población, hasta que una primera versión del estatuto fue aprobada en grande y en detalle por 2/3 de los asambleístas el 17 de junio de 2012; fue transferida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su control de constitucionalidad y éste respondió con una declaración recibida el 19 de septiembre de 2013 pidiendo la revisión de 22 artículos. Se la hizo, se devolvió la versión revisada al TCP el 18 de enero 2014 y cuatro meses después (12 junio 2014) éste declaró la plena constitucionalidad del estatuto. El 25 del mismo mes se presentó toda la documentación pertinente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitándole fecha para la realización del referendo final aprobatorio del estatuto para que así ya puedan participar por fin en la elección de alcaldes del 3 marzo, como AIOC, según ese documento autonómico. Es el caso más paradigmático del país por el tamaño y complejidad del municipio que, además, está en manos de la oposición.

El municipio aymara de San Pedro de Totora, Oruro, avanzó incluso más rápido, aunque no es tan emblemático. Logró su certificación de constitucionalidad plena desde el TCP el 29 de noviembre 2013, aunque recién se le notificó el 7 de febrero de 2014; y entregó la solicitud de referendo al TSE el 19 de marzo.

Hasta ahora, el TSE aún no ha reaccionado a ambas solicitudes, salvo para pedir otros requisitos que no están en la ley. El retraso es en parte explicable por haber estado tan urgido el TSE en su ardua y controvertida tarea de preparar y verificar las elecciones del 12 de octubre. Concluida aquella labor, ahora es cuando debe cumplir rápidamente esa otra. Si no se lo hace pronto siquiera para esos dos municipios pioneros, se corre el riesgo de tener que esperar otros cinco años, lo que vendría a ser el entierro de las autonomías indígenas.

Cinco de los otros municipios que iniciaron el proceso en 2009 ya entregaron  sus estatutos al TCP, y tres de ellos (Chipaya, Mojocoya y Pampa Aullagas) ya recibieron de éste sugerencias para revisar unos pocos artículos. La única TIOC (antes TCO) que ha llegado a enviar su estatuto al TCP es Raqaypampa (Cochabamba), por cierto, con apoyo del senador del MAS Adolfo Mendoza. Al menos estos otros casos más avanzados deberían recibir también un tratamiento especial del TSE para que no deban esperar otros cinco años. De lo contrario, habrá que concluir que en el MAS ya no hay voluntad política para implementar esa pionera pero postergada innovación constitucional.

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