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Referendo y redes

La Razón (Edición Impresa) / Internet a la boliviana - Eliana Quiroz

00:00 / 30 de noviembre de 2015

El debate acerca de regulación de contenidos en redes sociales durante procesos electorales está abierto en Bolivia y, a su vez, uno mayor que es la posibilidad de regulación de internet en general. Autoridades han expresado su voluntad en sentido de regularlas y de no regularlas en varias ocasiones, cada vez los usuarios han expresado su alarma.

El Tribunal Supremo Electoral ha elaborado una normativa que podría orientar una posición definitiva del Gobierno aunque no es suficiente. Ha dictaminado en el capítulo IX de Redes sociales digitales y páginas web del Reglamento para campaña y propaganda electoral con miras al referendo de febrero, que las cuentas oficiales de las organizaciones políticas que harán proselitismo deben ser registradas y exhorta a todas las cuentas abstenerse de difundir propaganda negativa o de guerra sucia, además de respetar el periodo de silencio electoral.

Es importante el reconocimiento de la libertad de expresión que garantiza la “difusión de informaciones, la emisión de opiniones y la promoción de debates en redes sociales digitales acerca del referendo” que menciona dicha norma. Además, prohíbe el uso de redes sociales y sitios web de gobierno para hacer propaganda durante el proceso electoral.

Son varios temas fundamentales, pero es una regulación que casi no regula nada. Se agradece la claridad y contundencia para garantizar la libertad de expresión en ambiente virtual y la exhortación para no insultar y respetar el silencio electoral, pero son normas de comportamiento que corresponden a lo que se llama netiqueta en ambientes digitales y que no tienen sanción en la web además del reflejo de garantías constitucionales, pero adaptadas para el ambiente virtual.

Aclaro que no sugiero que debiera incluirse sanciones, sino que la norma solo retoma expresiones de la autorregulación propia de la web y que usualmente se contraponen a la voluntad de regulación estatal.

Si esto supone un reconocimiento tácito del Órgano Electoral de la imposibilidad de regular los contenidos en redes sociales o, al menos, de la inconveniencia política de intentar hacerlo —como se hace en varios otros países bloqueando contenidos, accesos a sitios web o haciendo más lento el acceso—, es un avance pero si solo han incluido este capítulo de redes sociales digitales y páginas web para no pecar de omisión, deja el espacio abierto para ansias censuradoras de algunas autoridades. Aún hay trabajo por hacer, elaborando fundamentaciones claras para que todos entendamos por qué no se puede regular internet, porque cuando se regula un espacio de libertad perdemos todos.

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