Columnistas

Referendos autonómicos

Este año participaremos de los referendos en el ‘proceso’ de consolidación de la autonomía normativa

La Razón (Edición Impresa) / Pamela Vargas Gorena

00:10 / 10 de marzo de 2015

Está usted de acuerdo en aprobar el proyecto de estatuto atonómico? Todo indica que debemos prepararnos para responder esta pregunta a través de referendos en cinco departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca). Se tienen preguntas declaradas compatibles, autoridades departamentales que realizan sus buenos oficios ante el Tribunal Supremo Electoral y un proceso de control constitucional que está próximo a concluir en siete de los nueve departamentos. Esta institución, cuyo ejercicio se remonta a 1831, utilizada formalmente en cinco momentos de la historia de Bolivia deriva del principio de soberanía popular y del reconocimiento expreso de la CPE como una forma de ejercicio de la democracia directa y participativa. En el caso particular, la Ley Marco de Autonomías establece esta figura en diferentes momentos (inicio y acceso, proceso y disolución), dependiendo del tipo de autonomía.   

En 2006 y 2009 se realizaron los referendos, que denominaré “de inicio y acceso”, para el establecimiento de un régimen de autonomía departamental en el marco de la unidad nacional (donde Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija decidieron por un ingreso inmediato una vez promulgada la nueva Constitución). Recordará la pregunta: “¿Está usted de acuerdo que su departamento/municipio/provincia ingrese al régimen de la autonomía..?”. Posteriormente se realizaron los referendos para el acceso a la autonomía en los departamentos restantes, el acceso a la autonomía indígena originaria campesina en 11 municipios y el acceso a la autonomía regional en los tres municipios de la provincia Gran Chaco. Este año participaremos de los que denominaré los referendos en el “proceso” de consolidación de la autonomía normativa, aquellos en los que se decidirá si los estatutos autonómicos son cualitativa y legítimamente suficientes para orientar el potencial administrativo de la institucionalidad y funcionamiento subnacional. 

Por último estarían los referendos de “disolución” de entidades territoriales autónomas, previstos excepcionalmente sobre la base de una región de autonomía indígena originaria campesina, es decir, una disolución para unión más perfecta, legalmente cerrado a este caso y teóricamente abierto al debate.    

Los referendos de estatutos autonómicos deberían llamarnos la atención considerando que distorsionan la tensión secular entre la democracia representativa y la participativa, debido a que no se trata de aprobar una decisión unilateral o pública, pues el mandato constitucional fue construir el estatuto de forma participativa, de donde deriva el denominado “pacto territorial” de las normas básicas institucionales. Este primer momento de consolidación normativa, a través de un referendo, representa un control democrático reforzado en el proceso autonómico, pues no bastó solo con decidir ser autónomo, era además necesario participar en la definición de la identidad regional, los derechos y las obligaciones, la priorización de políticas públicas y los regímenes especiales en nuestros departamentos. Ahora, es necesario informarnos del resultado de nuestras propuestas para finalmente acudir a las urnas.

Ese pacto territorial, cuya dirección ha sido asumida por los legisladores subnacionales, llega a una prueba de fuego a través del referendo, que demanda informarnos para decidir sobre la vigencia y eficacia de una norma cuya legitimidad será notablemente superior a la de cualquier otra decisión subnacional que derive de este acto estatutario, es así que los ciudadanos, cívicamente despiertos, presenciaremos lo que podría ser un momento histórico: la aprobación y puesta en vigencia de los primeros estatutos autonómicos que tanta controversia y expectativa han generado.

Es directora ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías (SEA).

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