Columnistas

Reforma de la Justicia

Son incontables las víctimas de un sistema de Justicia que parece no tener conciencia de su crisis

La Razón (Edición Impresa) / Lourdes Montero

00:00 / 02 de febrero de 2015

La Justicia es tan importante para nuestra convivencia cotidiana que su reforma no puede ser responsabilidad exclusiva de los abogados. La vigencia efectiva de un sistema de Justicia constituye un requisito esencial no solo por la certeza que nos proporciona vivir en un Estado de derecho, sino porque establece bases para lograr la equidad social. La falta de acceso a la Justicia, que normalmente afecta a los más pobres, es uno de los factores con mayor incidencia en el incremento de la desigualdad económica y la exclusión social. Ya contamos en la región con numerosas investigaciones que prueban el vínculo entre justicia y desarrollo; y por ello, en los últimos diez años la reforma judicial constituye una parte central de la agenda de desarrollo.

La construcción del Estado de derecho es parte central del proceso más amplio de consolidación de nuestro sistema democrático. En efecto, no hay nada más peligroso para la estabilidad política de una sociedad que sus ciudadanos pierdan confianza en la aplicación de las reglas que rigen su convivencia. En esta pérdida de confianza explicamos el creciente aumento de actos de “justicia por mano propia” que violan todos los derechos humanos básicos.

Boaventura de Sousa Santos plantea que “el derecho y la justicia son una de las ventanas privilegiadas para analizar las contradicciones, las ambivalencias, los ritmos, los avances y retrocesos de los procesos de transformación social, sobre todo de los que se afirman como portadores de nuevos proyectos políticos”. En ese sentido, estaría profundamente preocupada si nuestro proceso de cambio es medido a través de una fotografía de su sistema de Justicia que actualmente hace aguas por todos lados. 

En la actualidad son incontables las víctimas de un sistema de Justicia que parece no tener conciencia de su crisis. Los altos índices de violencia y criminalidad en el país, cada vez más alarmantes, son generados en parte por las deficiencias en el funcionamiento y acceso a la administración de Justicia. La impunidad es uno de los mejores incentivos para esta escalada de inseguridad ciudadana que a todos nos preocupa.

Por ello, las mujeres hemos aprendido que antes de seguir impulsando más leyes que consagren los derechos humanos, debemos asegurarnos de contar con la institucionalidad necesaria para asegurar su cumplimiento. En el caso específico de la reforma de Justicia, considero que debemos discutir cuando menos tres ámbitos. Un primer campo tiene que ver con la independencia, transparencia y responsabilidad de los operadores de Justicia, lo que implica también considerar cómo la cultura de los jueces y abogados interviene en la aplicación de la ley.

Un segundo campo está relacionado con la tendencia a judicializar todos los conflictos de la sociedad, y en los últimos años, a la penalización de todo, agravando aún más nuestro sistema penitenciario. Un tercer eje tiene que ver con la organización, gerencia y gestión institucional que considero no necesariamente pasa por mayor presupuesto, sino más bien discutir una racional distribución de los recursos existentes. Esto implica una urgente modernización tecnológica y una visión pragmática que busque la eficiencia del servicio.

Como planteo a un inicio, considero que esta reforma, con los ejes propuestos, debe ser discutida ampliamente por la sociedad civil en su conjunto y los técnicos a quienes se encargue su diseño deben tener una visión holística del problema y no circunscribirse solo a la ciencia del derecho.

Es cientista social.

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