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Río+20 y la Cumbre de los Pueblos

Boaventura de Sousa Santos

Boaventura de Sousa Santos

La Razón / Boaventura de Sousa Santos

23:11 / 16 de febrero de 2012

El tratamiento dado por los grandes medios de comunicación a dos acontecimientos recientes (el Foro Económico Mundial de Davos y el Foro Social Temático de Porto Alegre) es revelador de los intereses que hoy en día controlan a la opinión pública mundial. El primero recibió una gran cobertura informativa, a pesar de no aportar nada nuevo: los consabidos análisis de la crisis europea y la insistencia en rumiar sobre los síntomas, ocultando sus verdaderas causas. El segundo se omitió por completo, a pesar de que allí se discutieron los problemas que están condicionando de forma más decisiva nuestro futuro: el cambio climático, el acceso al agua, la calidad y cantidad de alimentos disponibles frente a la plaga del hambre y la desnutrición, la justicia ambiental, los bienes comunes de la humanidad y la validez de los conocimientos populares, no eurocéntricos, en la búsqueda de la justicia ambiental. La selectividad mediática muestra claramente los riesgos que corremos cuando la opinión pública se reduce a la opinión que se publica.
El Foro de Porto Alegre tuvo entre sus principales objetivos discutir sobre la cumbre Río+20, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará el próximo mes de junio en Río de Janeiro (Brasil), veinte años después de la primera conferencia de la ONU sobre el tema, celebrada en la misma ciudad, una conferencia pionera en alertar sobre los problemas ambientales que enfrentamos y las nuevas dimensiones de injusticia social que conllevan. Los debates tuvieron dos vertientes principales. Por un lado, el análisis crítico de los últimos veinte años y el modo en que se refleja en los documentos preparatorios de la conferencia; por otro, la discusión de las propuestas que se presentarán en la Cumbre de los Pueblos, la conferencia de organizaciones de la sociedad civil que se celebrará de forma paralela a la conferencia intergubernamental de la ONU. Veamos cada una de ellas.
Río+20: las críticas
Hace veinte años, la ONU tuvo un papel importante en alertar sobre los peligros que la vida humana y no humana corre si el mito del crecimiento económico infinito sigue dominando las políticas económicas y si el consumismo irresponsable no se controla: el planeta es finito, los ciclos vitales de reposición de los recursos naturales están siendo destruidos y la naturaleza “se vengará” en forma de cambios climáticos que pronto serán irreversibles y afectarán especialmente a los más pobres, agregando así nuevas dimensiones de injusticia social a las tantas otras que ya existen. Los Estados parecieron tomar nota de estas advertencias y se hicieron muchas promesas en forma de convenios y protocolos. Las multinacionales, principales agentes de la degradación ambiental, parecieron haber quedado bajo vigilancia.
Lamentablemente, este momento de reflexión y esperanza se desvaneció pronto. Estados Unidos, que entonces era el principal país contaminante y hoy es el principal contaminante per capita del mundo, rechazó asumir cualquier tipo de compromiso vinculante para reducir las emisiones que producen el calentamiento global. En lugar de disminuir, éstas aumentaron de ritmo. Los países menos desarrollados reclamaron su derecho a contaminar, en tanto que los más desarrollados no se hicieran cargo de la deuda ecológica histórica contraída por contaminar tanto desde hace tanto tiempo. Las multinacionales invirtieron con éxito en la formulación de las leyes y tratados internacionales con el propósito de continuar con sus actividades contaminantes sin grandes restricciones. El resultado se refleja en los documentos preparados por la ONU para la Conferencia de Río+20. En ellos se recogen información importante sobre innovaciones en cuidado del medio ambiente, pero las propuestas que hacen (resumidas en el concepto de “economía verde”) son escandalosamente ineficaces y hasta contraproducentes: convencer a los mercados (siempre libres, sin restricciones) de las oportunidades de beneficio económico que supone invertir en el medio ambiente, calculando los costes ambientales (externalidades) y atribuyendo valor de mercado a la naturaleza. En el mundo de fantasía en el que se mueven estos documentos, los "fallos de mercado" se deben únicamente a la falta de información y, una vez superada, no faltarán las inversiones e innovaciones “verdes”. Es decir, no hay otro tipo de relación entre los seres humanos y la naturaleza que no pase por el mercado y la búsqueda del beneficio individual. Una orgía neoliberal que parece extenderse desde el Norte a los países emergentes.
La Cúpula de los Pueblos: las propuestas
Paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río de Janeiro la Cumbre los Pueblos, en la que podemos depositar cierta esperanza. Los debates preliminares en Porto Alegre dibujan las líneas alternativas de acción que se presentarán y sobre las que habrá que presionar para tratar que entren en las agendas políticas nacionales e internacionales.
En primer lugar, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad, implícita en el concepto de “economía verde”, en respuesta a la mercantilización, la privatización y la financiarización de la vida. Los bienes comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por grupos humanos, de ámbito local, nacional o global, que deberían ser propiedad colectiva, diferente de la privada y la pública (estatal), si bien, en este último caso, compete al Estado cooperar en su protección. La primera mujer en ganar el Nobel de Economía, Elinor Ostrom, ha dedicado todo su trabajo al análisis de la diversidad de los medios de gestión de los bienes comunes, salvaguardando siempre el principio de que el derecho a los bienes comunes es igual para todos. Los bienes comunes son el contrapunto del desarrollo capitalista, no sólo su apéndice, como ocurre con el concepto de “sostenibilidad”. Más allá del uso individual de los bienes comunes, teorizado por Ostrom, hay que tener en cuenta los usos colectivos de comunidades indígenas y campesinas. Entre los bienes comunes se encuentran: el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, los ríos, los océanos, los lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y plazas, la lengua, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, el HTML [1], los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc. Los bienes comunes presuponen derechos comunes y derechos individuales de uso temporal. Algunos de estos bienes pueden exigir o tolerar determinadas restricciones al igual uso común, pero deben tener un carácter excepcional y temporal. El agua comienza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización en varios países son las que han tenido más éxito, sobre todo cuando se combinan luchas campesinas y urbanas.
En segundo lugar, el cambio gradual de una civilización antropocéntrica a una biocéntrica, lo que implica reconocer los derechos de la naturaleza; redefinir el significado de la calidad de vida y la prosperidad de manera que no dependan del crecimiento infinito; promover energías verdaderamente renovables (sin incluir los agrocombustibles) que no impliquen la expulsión de campesinos e indígenas de sus territorios; diseñar políticas de transición para los países cuyos presupuestos dependen excesivamente de la extracción de materias primas, ya sean minerales, petróleo o productos agrícolas en régimen de monocultivo con precios controlados por las grandes empresas monopolistas del Norte.
En tercer lugar, defender la soberanía alimentaria, el principio de que, en la medida de lo posible, cada comunidad debe tener el control sobre los bienes alimentarios que produce y consume, aproximando a consumidores y productores, defendiendo la agricultura campesina, promoviendo la agricultura urbana, la de tiempo libre, y prohibiendo la especulación financiera con los productos alimentarios. Junto con la idea de los bienes comunes, la soberanía alimentaria exige la prohibición de la compra masiva de tierras (en particular en África) por parte de países extranjeros (China, Japón, Arabia Saudita, Kuwait) o multinacionales (el proyecto de la surcoreana Daewoo de comprar 1,3 millones de hectáreas en Madagascar) en busca de reservas alimentarias.
En cuarto lugar, un amplio programa de consumo responsable que incluya una nueva ética del cuidado y una nueva educación para el cuidado y el compartir: la responsabilidad ante quienes no tienen acceso a un consumo mínimo que garantice la supervivencia; la lucha contra la obsolescencia programada de los productos; la preferencia por productos producidos por economías sociales y solidarias basadas en el trabajo y no en el capital, en el florecimiento personal y colectivo y no en la acumulación infinita; la preferencia por el consumo colectivo y compartido siempre que sea posible; un mayor conocimiento sobre los procesos de producción de los productos que consumimos para poder rechazar consumir productos hechos a costa del trabajo esclavo , la expulsión de campesinos e indígenas, la contaminación del agua, la destrucción de lugares sagrados, la guerra civil o la ocupación de tipo colonial.
En quinto lugar, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas alternativas las exigencias transversales de profundización de la democracia y lucha contra la guerra, así como contra la discriminación sexual, racial, étnica y religiosa.
Notas
[1] Siglas   del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcación de Hipertextos). Lenguaje de programación mediante el que se crean páginas web.
El presente artículo es una versión ampliada del publicado originalmente en portugués en Carta Maior, traducida y publicada en Rebelión a petición expresa del autor. (N. T.), por Antoni Jesús Aguiló.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal).

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